Guerra de cifras en España por la huelga general

Madrid. El gobierno central y las autoridades autonómicas discrepan con los sindicatos en la valoración del alcance de la huelga convocada ayer en España contra las medidas del Ejecutivo para reducir el déficit, a la que estaban llamados los empleados públicos. Pese a la movilización, el gobierno dijo que hará todo lo necesario para conseguir que el déficit público del país baje al seis por ciento del PIB en 2011.

Las organizaciones sindicales convocantes cifran la participación en torno a un 75 por ciento, mientras que para el gobierno central la incidencia fue de 11,85 por ciento, lo que llevó a la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, a señalar que el paro tuvo "un alcance limitado".

Las cifras facilitadas por los distintos gobiernos de las comunidades autónomas y municipalidades oscilan asimismo en una franja de seguimiento de entre un 10 y un 12 por ciento.

Los empleados públicos españoles, un total de 2,5 millones de trabajadores, fueron convocados a la protesta por los sindicatos mayoritarios para manifestar el rechazo a la decisión del gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero de recortar un cinco por ciento su salario a partir de este mes y congelarlo en 2011.

Con este recorte, el Ejecutivo prevé un ahorro de 2.300 millones de euros este año y otros 2.200 millones más en 2011, dentro de su plan de recorte del déficit público de 15 mil millones de euros.

Para los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de los Trabajadores (UGT), las dos medidas decididas para los empleados son "injustas, desequilibradas y antieconómicas".

El recorte salarial en el sector público es -junto con la congelación de las pensiones- el punto que desencadenó mayor controversia en el plan de choque aprobado el 27 de mayo en el Parlamento. Con él se intenta reducir el déficit público al tres por ciento en 2013, como exige la Unión Europea (UE).

Zapatero sacó adelante el plan con un voto de diferencia, sólo con el apoyo del grupo socialista y gracias a la abstención de 10 diputados.

Algunos medios presentaron la huelga de ayer como una especie de "ensayo general" de cara a la convocatoria de una eventual huelga general si, al final, fracasan las negociaciones que el gobierno mantiene con la patronal y los sindicatos para intentar aprobar una reforma laboral, reclamada por organizaciones empresariales y organismos internacionales.

Los dirigentes de las centrales sindicales convocantes, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC.OO.), advirtieron al gobierno, ante miles de manifestantes en Madrid, que si hay una huelga general, será masiva.

Los manifestantes pidieron la dimisión de Zapatero y corearon diversas consignas como "Reforma fiscal ya" y "Si no nos hacen caso, huelga, huelga, huelga".

Compromiso. "Tenemos el compromiso firme de que nuestro déficit conjunto de las administraciones públicas sea del seis por ciento en 2011", manifestó ayer la ministra de Economía y Hacienda española, Elena Salgado, en la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros.

"Por tanto, si hay alguna desviación en los términos de ejecución presupuestaria en los distintos niveles de la administración, gobierno central, comunidades autónomas, entidades locales y seguridad social, tomaremos en ese momento las medidas que sean necesarias para alcanzar ese objetivo", añadió la ministra.

La vicepresidenta segunda reiteró que confía en que los ajustes realizados hasta ahora sean suficientes para lograr esa meta.

Paralelamente, la UE endureció ayer la supervisión del gasto público de los gobiernos europeos para recuperar la credibilidad de los mercados y evitar una repetición de la crisis causada por la deuda soberana de la región.

El comisionado de Economía de la UE, Olli Rehn, espera que los ministros de Hacienda de las 27 naciones del bloque se apresuren a reforzar la gobernación de sus economías.

El euro acusa la crisis de la deuda soberana que comenzó en Grecia, una de las economías más modestas de las 16 naciones que usan la divisa común. Grecia admitió que falsificó sus libros de contabilidad y que mintió sobre el estado de sus finanzas públicas.

Por eso, los ministros acordaron ayer dar a Eurostat, la oficina de estadísticas de la UE, el poder para examinar las finanzas públicas nacionales en los países muy endeudados, para evitar que falsifiquen las cuentas públicas.

A consecuencia de la crisis, el euro ya perdió casi el 22 por ciento de su valor ante el dólar en los últimos seis meses.