El fin de la amnistía tensiona a Uruguay

Montevideo. El pedido de militares uruguayos retirados al presidente José Mujica de que vete la ley que permitirá investigar los crímenes de Estado de la dictadura (1973-1985) y su advertencia de que la democracia está en declive alimentó ayer la polémica en torno a la anulación de la Ley de Caducidad. Las dos principales agrupaciones de oficiales retirados, el Círculo y el Centro Militar, denunciaron el "sistemático ataque a la institución militar" en la conmemoración anual del Día de los Caídos en la Lucha Contra la Sedición.El acto, celebrado en Montevideo, recuerda a los efectivos castrenses muertos antes y durante la dictadura en el combate contra la guerrilla tupamara, a la que perteneció Mujica y varios de sus colaboradores en el gobierno.En el homenaje participaron los ex presidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), y Luis Alberto Lacalle (1990-1995), y la mayoría de los comandantes en jefe del Ejército de los últimos años.Esta semana, el Senado aprobó un proyecto de ley para invalidar la Ley de Caducidad, que impidió juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por uniformados durante la dictadura.La invalidación de la Ley de Caducidad en el Senado, lograda con los votos exclusivos de la coalición de izquierda Frente Amplio, "menoscaba la voluntad popular expresada en dos referendos", afirmó el ex comandante en jefe del Ejército, general Raúl Mermot.La Ley de Caducidad fue aprobada en 1986 por el Parlamento y refrendada después en las urnas en 1989 y en octubre de 2009, en este último caso con la izquierda en el poder y en el mismo día de votación que convirtió a Mujica en presidente.Su anulación, que en los hechos permitirá sin excepción que se juzgue a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos, "puede terminar en una crisis institucional" y "problemas muy mayores", agregó Mermot. No la vetará. En declaraciones al semanario Búsqueda , Mujica se manifestó preocupado por la decisión del Senado y advirtió que la medida "tensiona todo". El jefe de Estado, de 75 años, 13 de los cuales los pasó en la cárcel por su lucha guerrillera, reiteró que no va a vetar la ley porque su responsabilidad "como titular del Poder Ejecutivo es 'bancar' (soportar) todo".Sin embargo, también advirtió que "los abogados se van a hacer una fiesta por cuanto habrá reclamos cruzados de todo tipo", en alusión a los posibles recursos de inconstitucionalidad contra la iniciativa.Antes de llegar a Mujica, la nueva normativa debe volver a Diputados, donde ya había recibido el visto bueno en noviembre, para que sean ratificadas unas modificaciones menores.La Ley de Caducidad no impidió que en los últimos años varios militares y policías fueran encarcelados por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el ex dictador Gregorio "Goyo" Álvarez.Según la también llamada Ley de Impunidad, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de decidir qué casos pueden ser excluidos de la norma y cuáles no, un aspecto que fue usado por los gobiernos de izquierda que condujeron el país desde 2005 para dar luz verde a varios procesos.

El papel de los jueces

Libres de presión. Aunque Mujica dijo que tiene "mucha confianza" en los jueces, remarcó que su "principal preocupación" es que su labor permanezca "lo más libre de presiones posible".

Cuestión de atribuciones. Uno de los principales argumentos contra el proyecto que invalida la Ley de Caducidad es que supuestamente el Parlamento no tiene atribuciones para dejarla sin efecto, sólo para derogarla, una medida que no tiene carácter retroactivo y que, por tanto, no permitiría revisar las viejas causas contra los responsables de la represión.