El primero de su rango y con otros dos en la mira

Mario Cossío debe responder ante el Ministerio Público y en estrados judiciales por conducta antieconómica y daños lesivos al Estado.

A Cossío le imputan el caso de la empresa Imbolsur, que no cumplió un contrato de pavimentación y a la cual el entonces prefecto (hoy gobernador, suspendido) tardó nueve meses en ejecutar sus garantías, cuando estas ya habían caducado. Así se generó un perjuicio al Estado de 1,3 millones de bolivianos (más de 200 mil dólares).

Los asambleístas de la agrupación de Cossío anunciaron antenoche que promoverán un paro cívico de 48, pero el suspendido gobernador hizo levantar la medida.

Cossío es el primer gobernador suspendido por la Ley de Autonomías, cuando exista acusación formal de la Fiscalía. El mecanismo ya afectó a varios alcaldes. Los gobernadores del Beni y Santa Cruz, Ernesto Suárez y Rubén Costas, podrían alcanzados por esta norma.