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EE.UU. espía las llamadas de millones de ciudadanos

El gobierno de Obamajustificó la medida al considerarla "una herramienta crítica" en el combate al extremismo. Esta polémica práctica fue revelada por la prensa británica.

07 de junio de 2013 a las 12:01 a. m.
Agencias AP y Télam
EE.UU. espía las llamadas de millones de ciudadanos
En la mira. La Agencia Nacional de Seguridad registra llamadas en virtud de una orden judicial secreta (AP).

Washington. El gobierno estadounidense registra las llamadas de clientes de una de las empresas telefónicas más grandes del país por seguridad nacional y en virtud de una orden judicial secreta, reconoció ayer una legisladora norteamericana, en una medida defendida por el gobierno pero que desató muchas críticas. La presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, la oficialista Dianne Feinstein, indicó que la orden judicial, revelada por el diario británico The Guardian , renueva por tres meses una práctica corriente, que según su correligionario y líder de la bancada senatorial demócrata, Harry Reid, lleva siete años."Creo que la gente quiere que la patria esté tan segura como podamos. Queremos proteger estos derechos a la privacidad. Por eso es que esto se hace cuidadosamente en cortes federales con jueces federales", señaló Feinstein en conferencia de prensa en el Congreso.Otro que defendió la práctica fue el republicano que preside la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, quien aseguró que el registro de millones de clientes de Verizon por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) ayudó a frustrar un atentado en Estados Unidos.Rogers dijo que fue un "caso significativo" ocurrido en años recientes, aunque no dio detalles, informó la cadena CNN.A su vez, Josh Earnest, un vocero de la Casa Blanca, dijo que no podía pormenorizar información clasificada, pero afirmó que la orden judicial en cuestión es una herramienta crucial para enterarse de actividades de extremistas potencialmente peligrosas para la seguridad Estados Unidos.Agregó que el programa se rige por reglas estrictas y que los líderes de las bancadas en el Congreso están informados del tema. Muchas preguntas. La admisión del gobierno generó inmediatos interrogantes sobre qué se busca con los registros, si hay otras compañías que tengan órdenes similares, cómo se usa la información y cuánto tiempo se guarda, entre otras cuestiones. El senador Bernie Sanders, un independiente de cuyos comentarios se hicieron eco varios legisladores, se mostró muy crítico. "Decir de manera tan abierta que se van a registrar las llamadas telefónicas de millones y millones de estadounidenses es, en mi opinión, algo indefendible e inaceptable", señaló.Según The Guardian en su página web, la disposición judicial fue emitida en abril y es válida hasta el 19 de julio.La orden exige a Verizon que facilite "de manera continua" y "a diario" la información de todas las llamadas telefónicas, tanto locales como internacionales, agregó el diario.La denuncia pone en evidencia que bajo el gobierno de Barack Obama se realizan registros de las llamadas de los clientes de esa compañía sin tener en cuenta si los autores de esas llamadas cometieron delito.Bajo los términos de la orden, se entregan a la NSA los números telefónicos de ambas partes de una llamada, así como los datos de ubicación, identificadores únicos, la hora y la duración de todas las llamadas. El contenido de las conversaciones no estaba amparado por la orden, según The Guardian.Durante el gobierno de Bush, funcionarios de Inteligencia revelaron que la NSA recopilaba datos, pero esta es la primera vez que aparecen documentos que revelan que estas prácticas también son realizadas por el gobierno de Obama.La amplitud y naturaleza ilimitada de la información entregada sale de lo común. En general, las órdenes de ese tribunal son referidas a las actividades telefónicas de sospechosos específicos.La orden, firmada por el juez Roger Vinson, obliga a Verizon a enviar copias detalladas de los registros de llamadas a la NSA, al tiempo que prohíbe que la compañía revele al público la existencia de la petición del FBI e incluso del mismo dictamen judicial.