Arizona busca agrandar el muro fronterizo con México
El Estado que penaliza a los inmigrantes sin papeles como delincuentes comunes quiere recaudar fondos en Internet y usar a presos como mano de obra barata en la barrera.
Phoenix (EE.UU.). El estado de Arizona ya usa dinero donado para defender ante los tribunales su polémica ley SB1070, que equipara a los inmigrantes sin papeles con delincuentes comunes, y ahora quiere apelar al mismo recurso para agrandar el cerco en la frontera de Estados Unidos con México. Los legisladores planean recaudar fondos a través de Internet y usar mano de obra carcelaria. Si recaudan suficiente dinero, lo único que les faltaría sería conseguir la cooperación de los propietarios de tierras de la zona. Los trabajos podrían comenzar a fin de año si todo les sale bien.La gobernadora Jan Brewer sancionó hace poco una ley que allana el camino para que el estado comience a recaudar fondos en Internet, según el senador Steve Smith, que auspició el proyecto. "Vamos a preparar este portal lo más rápidamente posible y a darle mucha publicidad", manifestó Smith, senador republicano del condado de Maricopa, cuyo sheriff Joe Arpaio ganó fama a fuerza de redadas en busca de indocumentados.Arizona, que tiene una grave crisis presupuestaria, ya está empleando dinero de donaciones para defender ante los tribunales la ley SB1070, que estipula que los extranjeros deben portar documentos de identificación, facilita el que dependencias del gobierno estatal cumplan funciones del servicio de inmigración y fija castigos a quienes ofrezcan refugio, trabajo o transporte a "sin papeles".Muchos aspectos de la ley fueron cuestionados en tribunales, incluso por el gobierno nacional, y Arizona usan fondos donados en su defensa.La campaña para recaudar dinero para el muro incluiría certificados que declaran que una persona "contribuyó a construir el cerco de Arizona", según Smith."La construcción comenzaría cuando hayamos recaudado una cantidad importante de dinero, quizá antes de fin de año", indicó el legislador."Si hay una respuesta muy positiva y entran millones de dólares, no veo por qué no podemos completar los planes e iniciar la construcción", acotó.Estados Unidos y México tienen casi 3.200 kilómetros de frontera y ya se ha construido un cerco a lo largo de 1.046 kilómetros, casi la mitad en Arizona. El estado tiene 606 kilómetros de frontera con México y es el más usado por quienes ingresan de modo ilegal al país.El portavoz del Departamento de Seguridad Interior, Matthew Chandler, dijo que las autoridades nacionales se habían abstenido de comentar la legislación de Arizona.El director de los Centros Carcelarios Estatales, Charles Ryan, afirmó que no habría problemas en aportar mano de obra carcelaria. Ya en el pasado se usaron internos de prisiones de baja seguridad para limpiar malezas y recoger desperdicios dejados por indocumentados en los sectores más usados para el cruce, señaló el funcionario. También se usó a presos en la remodelación de edificios públicos y la construcción de veredas e instalaciones en parques."Se les paga 50 centavos la hora, por lo que son una fuerza laboral relativamente barata", expresó Ryan.El fondo de Arizona para asegurar la frontera es empleado en la defensa de la ley SB1070 en los tribunales. La orden que firmó Brewer en 2010 creando el fondo permite que el dinero sea usado en cualquier iniciativa que tenga por fin mejorar la vigilancia de la frontera. Un juez federal bloqueó la implementación de aspectos importantes de la ley SB1070, pero Brewer ha dicho que acudirá a la Corte Suprema si es necesario.Hasta comienzos de mayo, el fondo había recibido casi 44 mil donaciones por valor de 3,7 millones de dólares. El dinero llega a través de Internet o del correo desde mayo de 2010. Ya se ha gastado cerca de la mitad de esa suma y el portavoz de Brewer, Matthew Benson, indicó que el resto sería empleado en la defensa de la SB1070.Ni Smith ni los demás impulsores del proyecto de agrandar el muro han ofrecido estimaciones de costos y se limitan a decir que el Estado podrá hacerlo gastando mucho menos que el gobierno federal. Pero el Estado podría terminar pagando decenas de millones de dólares.

