Años de plomo uruguayos

Hora s antes de su victoria frente a Luis Lacalle en el balotaje del 29 de noviembre de 2009, José "Pepe" Mujica le dijo a un grupo de periodistas extranjeros –entre los que se encontraba este enviado– que había sido un error realizar un referéndum para derogar la amnistía que beneficia a ex represores el mismo 25 de octubre en que se efectuó la primera vuelta de las presidenciales. Preguntado sobre si el resultado adverso a esa derogación cerraba la última puerta para investigar los crímenes de la dictadura que se instauró en Uruguay el 27 de junio de 1973, el ahora presidente dijo que respetaría el resultado de ese referéndum, que coincidía con otro de 1989. Pero Mujica también advirtió que, aun con las limitaciones impuestas en 1986 por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (que dejaba impunes los crímenes cometidos por militares y policías entre 1973 y 1985), se podían investigar y castigar muchos hechos si el Ejecutivo tenía suficiente voluntad política. "Y nosotros vamos a mostrar esa voluntad política", subrayó "el Pepe". Desde que asumió, el 1º de marzo de 2010, el tema de los años de plomo volvió a instalarse con fuerza, con acciones entabladas por grupos como Hijos Uruguay y un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el caso de María Claudia García de Gelman, la nuera del poeta argentino Juan Gelman, de­saparecida en 1976 bajo la siniestra Operación Cóndor. El fallo de la Cidh volvía ilegal la Caducidad e instaba al Estado a anular esa norma. El oficialismo impulsó una iniciativa que despertó polémicas, porque suponía dejar sin efecto lo dispuesto en dos consultas. Las disputas y diferencias de interpretación no fueron sólo motorizadas por el Partido Colorado y el Partido Nacional (o Blanco). Uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Eleuterio Fernández Huidobro, compañero de Mujica y ex preso como él, se mostró en contra del proyecto pero anticipó que votaría por él. El mandatario consideró que no era conveniente torcer por ley lo que se había confirmado en las urnas, aunque anticipó que si el proyecto se aprobaba, no lo vetaría. Los detractores de Mujica, quien pasó casi 13 de sus 76 años de vida detenido (11 de ellos en condiciones infrahumanas), acusaron al mandatario de tener doble discurso en la cuestión. En reportajes concedidos a medios extranjeros, "el Pepe" parecía querer cerrar el pasado con premura. Pero Mujica nunca dijo que debía renunciarse a la aspiración de justicia. Tras su media sanción en Diputados, la iniciativa pasó en abril al Senado, y allí la oposición pidió al gobierno abandonar la ambigüedad del "como te digo una cosa, te digo la otra". La chicana aludía a una muletilla usada por Mujica para salir airoso de debates polémicos y a la que refleja en un tema la genial murga Agarrate Catalina. La crítica opositora cobró fuerza cuando el entonces senador frenteamplista Jorge Saravia anticipó que votaría contra la derogación de la amnistía, dejando sin mayoría al Frente Amplio en la Cámara Alta y tumbando el proyecto. Mujica trató, en vano, de hacer acatar la disciplina partidaria. Tras la derrota en el Congreso, la idea de rever la Caducidad y cumplir con la Cidh parecía archivarse; más aún si se piensa que crímenes de la dictadura, considerados a nivel internacional como de lesa humanidad pero por la Corte Suprema uruguaya como delitos comunes, se acercan a su prescripción definitiva el 1º de noviembre.Sin embargo, anteayer, al cumplirse 38 años de la consumación del golpe, el gobierno de Mujica anunció la anulación de actos administrativos de ex mandatarios que frenaron juicios a hechos aberrantes bajo el oscuro paraguas de la Caducidad. Serían 88 casos. Al final, el viejo "Pepe", al que sus detractores ridiculizan, parece cumplir su afirmación de aquel sábado de noviembre de 2009.La decisión de Mujica demuestra su voluntad política de buscar un resquicio para hacer justicia, del mismo modo que su antecesor frenteamplista, Tabaré Vázquez, usó resortes del Ejecutivo para procesar a cabecillas de los gobiernos de facto, como Gregorio Álvarez o Juan María Bordaberry, y a una veintena de represores.