Amparado en la ONU, Lugo reclama verdad sobre matanza
El expresidentede Paraguay exige una investigación imparcial sobre lo ocurrido en Curuguaty en junio de 2012. Ligó a liberales y colorados con "el golpe" que lo destituyó.
Asunción. El expresidente de Paraguay Fernando Lugo reiteró ayer su pedido de investigación "imparcial" de la matanza que fue tomada como el detonante propició su destitución (el 22 de junio de 2012), amparado en un informe en ese mismo sentido que emitió la semana pasada un comité de las Naciones Unidas.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, manifestó el viernes pasado su preocupación por las “irregularidades en el accionar” de los órganos que investigaron la matanza de Curuguaty (nordeste de Paraguay), el 15 de junio del año pasado.
El organismo sugirió al gobierno de Paraguay que asegure una investigación “inmediata, independiente e imparcial” de la muerte de 17 personas durante una operación policial de desalojo de unas tierras disputadas entre el Estado y un rico empresario paraguayo.
“La ONU nos da la razón a las sospechas de irregularidades en el Ministerio Público, la Judicatura y las fuerzas de seguridad”, aseguró Lugo en rueda de prensa junto a Aníbal Carrillo, el candidato presidencial del izquierdista Frente Guasú en los comicios del próximo 21 de abril.
En su informe, el Comité de la ONU recomendó que se investiguen todos los hechos “denunciados por las víctimas, en particular torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso”, algo que ya demandó la defensa, sin éxito.
Lugo reiteró su pedido de separación del caso del fiscal encargado de la causa, por su “parcialidad manifiesta”, y la creación de una comisión “independiente e imparcial” para investigar aquellos hechos, como la que él mismo había anunciado en la víspera del juicio político que desembocó en su rápida destitución.
Insistió en que se debe “dar inicio a una nueva línea de investigación, como dice la ONU”, atendiendo “a que hay serias sospechas de que existieron cúpulas políticas involucradas en el crimen político de Curuguaty y el golpe de Estado posterior”.
Lugo pidió que se investigue “a todos” y mencionó, entre otros nombres, los de los dos principales candidatos a la presidencia en las elecciones del próximo día 21, el colorado Horacio Cartes y el liberal Efraín Alegre.
“Cada día hay una mayor vinculación entre lo que es el crimen político de Curuguaty y el juicio político”, aseguró a su vez Carrillo.
En su informe, la ONU expresó también su preocupación por “las modalidades del proceso de destitución” de Lugo y sugirió una “reglamentación” del artículo de la Constitución paraguaya que recoge el juicio político para que garantice “los principios básicos del debido proceso”.
En su respuesta al Comité, la Cancillería paraguaya objetó hoy sus observaciones, aseguró que en el caso Curuguaty se han respetado todas las garantías procesales y defendió que la destitución de Lugo fue constitucional y que él mismo se sometió al juicio y su veredicto.
“El Comité de Derechos Humanos con sede en Ginebra no juzga ni emite sentencias contra los Estados sino que sólo emite recomendaciones”, recordó la Cancillería de Paraguay.
“El gobierno descalifica al Mercosur, descalifica a la Unasur, ahora descalifica un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Pareciera que nuestras autoridades están por encima de todo”, observó el exmandatario y exobispo católico. El Mercosur y la Unasur suspendieron a Paraguay una semana después de la destitución de Lugo y están a la espera del desarrollo de sus elecciones para decidir sobre la reintegración del país. Lugo es candidato a senador por el Frente Guasú en esos comicios generales.
En pelea por la tierra
"Irregularidades". El Comité de la ONU expresó en el informe su preocupación por denuncias de "importantes irregularidades" en el accionar de los órganos jurídicos paraguayos en el caso de la matanza registrada en una hacienda de Curuguaty (nordeste), el pasado 15 de junio
¿Choques o emboscada? Ese día, 11 campesinos y seis policías murieron en un tiroteo durante una operación policial de desalojo de unas tierras disputadas entre el Estado y un rico empresario paraguayo, Blas Riquelme, ligado al Partido Colorado.
Imputados. Catorce campesinos fueron imputados por la Fiscalía por delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble, en un proceso inminente en tribunales.
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