Codiciado en el mundo como el histórico muscle car americano, el lujoso Chevrolet Camaro SIX SS de 6.2 litros se transformó también en un “codiciado” objeto de investigación penal por presunto lavado de dinero por el que acaban de ser imputados varios empresarios de Córdoba.
El juez federal N° 1 de Córdoba capital, el subrogante Carlos Ochoa, procesó a Horacio Fabián Busso (expresidente de la Compañía de Tratamientos Ecológicos –Cotreco SA-), Cristian Eduardo Herrera y Mauricio Boñanni (entonces presidente de Hygise SA) como supuestos autores de lavado de activos de origen delictivo agravado por la utilización de una persona de existencia ideal. Embargó a cada uno por 40 millones de pesos.
El magistrado, asimismo, dictó la falta de mérito –por el mismo delito- al empresario Diego Gustavo Pellarin, exdirector de Cotreco.
De la “causa Cotreco” a otro caso en Córdoba
La investigación constituye un desprendimiento de la “causa Cotreco”, el expediente principal que comenzó con la denuncia de Juan Carlos Delgado, apoderado del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) y la obra social (Ossurrbac), ante el fiscal federal N° 1 de Córdoba capital, Enrique Senestrari.
Entre 2009 y 2019, Busso y los contadores Marcelo Elio Debernardo y Flavio Néstor Cavallieri fueron acusados de haber liderado una presunta banda delictiva dedicada a la evasión, apropiación de recursos de la seguridad social y de tributos, insolvencia fiscal fraudulenta, quiebra fraudulenta, y presunto lavado en el marco de licitaciones de servicios de higiene y recolección de residuos.
La supuesta banda se habría valido de las firmas Guba SA, Cotreco y Urbacor SA para eludir impuestos mediante la omisión de presentación de declaraciones juradas, la generación y la renovación de planes de pagos de los tributos adeudados y el cómputo de facturación apócrifa emitida por empresas controladas por aquellas compañías (División Protonic SA, Nueva Serie SA, Futuro Sustentable SRL, Vanesin SA e Intruder Service SA).
Camaro, bajo sospecha de lavado
En ese contexto, el fiscal abrió esa otra causa por el presunto lavado agravado en relación al Chevrolet Camaro. La particularidad estuvo dada en que, cuando allanó la sede de Cotreco, encontró documentación sobre División Protonic SA, la empresa que había adquirido el auto.
Constituida en 2024, División Protonic cambió de conducción un año después. En su reemplazo, Busso asumió como presidente del directorio con Flavio Néstor Cavallieri como director suplente. Los cuatro fueron imputados en la “causa Cotreco”, aunque luego algunos fueron sobreseídos y otros procesados (Busso, Cavallieri, Debernardo y Pellarin, entre otros, por asociación ilícita fiscal).
A los investigadores les llamó la atención que División Protonic no habría realizado efectivamente las operaciones facturadas a Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese), ya que carecía de capacidad técnico-económica para prestar tales servicios, por lo que la entonces Afip (hoy, Arca) la calificó como “contribuyente Apoc”, es decir, apócrifa.
Durante su presidencia en División Protonic, Busso habría adquirido el lujoso auto el 27 de julio de 2017 a Chevrolet Maipú SA por $ 1.627.770 (equivalentes en ese entonces a U$S 90.936) mediante cheques de terceros (entre ellos, de Cotreco) y efectivo.
¿Para qué precisaba una empresa de limpieza un millonario Camaro con asientos de cuero y motor de 6.2 litros? ¿Y por qué era el único vehículo de la firma?, fueron algunos de los interrogantes que surgieron en la causa. “Este extremo resulta singularmente relevante dadas las particularidades del bien en cuestión. Me refiero a que es un vehículo sumamente exclusivo, deportivo biplaza y convertible, por demás llamativo y ostentoso de los denominados ‘muscle car americano’”, razonó el juez Ochoa.
“Dadas estas singulares características, puede concluirse que por su utilidad resultan totalmente ajenas al giro comercial de una empresa dedicada al tratamiento de residuos y servicios de limpieza; sin dejar de mencionar que además, este rodado constituía el único medio de movilidad con el que contaba Protonic al momento de suscribir su contrato con Crese en 2017”, sostuvo el magistrado.
La forma de pago tampoco habría sido causal porque la utilización de cheques de terceros —algunos convertidos luego en efectivo— y efectivo son “mecanismos típicamente empleados para dificultar la trazabilidad de los fondos”, recordó Ochoa.
Más sospechas
Luego de la adquisición, Busso autorizó a Herrera y a personas de su entorno, a conducir el rodado. De esta forma, Herrera habría dispuesto libremente del Camaro y se habría encargado de su mantenimiento hasta mediados de 2019. Herrera incluso fue observado cuando arribaba en el Camaro a la casa de Pellarin (exdirector de Cotreco) en un coqueto y tranquilo barrio de la zona sur de la ciudad.
Sobreseyeron a Hugo Moyano en la causa por presunto lavado y defraudación en Córdoba: las razones
Posteriormente, el auto habría sido transferido a la firma Hygise (dedicada a la provisión de insumos de higiene a Crese) luego de que su presidente, Mauricio Boñanni, lo comprara por $ 2,3 millones provenientes de ingresos de esa empresa, según consta en la investigación.
Boñanni es un “viejo” conocido de los investigadores, ya que se desempeñó en forma alternada en Crese, Cotreco, Ente encargado de la Higiene Urbana (Esyop) y Lusa, es decir, en la totalidad de los entes y empresas vinculados al servicio de recolección de residuos. Incluso, fue el apoderado del sindicalista Pascual Catrambone que retiró de una concesionaria una costosísima Mercedes-Benz GLE 400, en el marco de la “causa Surrbac” (sería juzgada este año), que acumula polvo en el aeropuerto de Córdoba, donde permanece secuestrada.
“La operatoria desplegada no constituyó un hecho aislado, sino que se inserta en un esquema más amplio previamente investigado, en el cual las firmas involucradas —especialmente División Protonic (forma parte de la estructura de Cotreco) e Hygise— habrían sido utilizadas como vehículos para canalizar y disimular el origen de activos provenientes de actividades ilícitas. Ello surge con claridad de los informes de la Arca, que dan cuenta de inconsistencias relevantes en la capacidad operativa, económica y financiera de dichas sociedades, así como de su vinculación con otras empresas y personas investigadas en causas conexas”, sostuvo el juez Ochoa al procesar a los imputados.
“El traspaso del vehículo a Hysie, representada por Boñanni —quien mantiene vínculos funcionales y personales con las estructuras bajo investigación—, refuerza la hipótesis de una circulación deliberada del bien dentro de una estructura societaria orientada a la legitimación de activos de origen ilícito”, advirtió.
De esta forma, según el magistrado, Boñanni “no puede ser considerado un tercero ajeno o de buena fe, sino alguien que, prima facie, conocía la red societaria vinculada a la operatoria del bien”.
Para el juez, la titularidad registral del bien “fue atribuida a personas jurídicas, mientras que su uso efectivo correspondía a personas físicas vinculadas entre sí, evidenciando una disociación entre titularidad formal y dominio real, característica habitual en maniobras de lavado”.
Por su parte, el fiscal deberá profundizar la investigación respecto al rol que habría desempeñado Pellarin en la trama, a fin de resolver su situación (procesamiento o sobreseimiento).
Pero no es el único interrogante en la causa, ya que aún persiste otro: ¿dónde está el Camaro? Sobre él pesa un pedido de secuestro, pero sigue sin aparecer. "Debe estar escondido en algún garaje porque no lo pueden mover", advirtió un avezado investigador.
