Claves. Fallo contra Manaos: cuánto ganaba, qué rol cumplía el distribuidor y por qué se redujo el pago a $ 800 millones
La Suprema Corte de Mendoza rechazó el último recurso de la empresa Refres Now S.A. y confirmó una indemnización récord. Los detalles del conflicto comenzó por un esquema de comisiones y fraude laboral que escaló hasta el máximo tribunal provincial.
La batalla judicial entre la fabricante de la gaseosa Manaos y uno de sus exdistribuidores llegó a su fin definitivo días atrás luego de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el recurso extraordinario federal de la firma, obligándola a pagar una cifra que, sumando intereses, supera los $ 800 millones en un plazo de cinco días hábiles.
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El origen del conflicto: de distribuidor clave a un despido polémico
Según detalle Diario Uno, el demandante comenzó a trabajar para Manaos a mediados de 2013 como viajante de comercio en San Rafael, Mendoza.
En aquel inicio, cuando la marca aún no era masiva, pactó un esquema de ganancias basadas en comisiones a porcentaje.
Con el salto de popularidad de la bebida, el empleado creció hasta convertirse en uno de los tres distribuidores más grandes del país, operando en toda la zona de Cuyo y La Pampa.
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Sin embargo, el vínculo se deterioró cuando la empresa inició una serie de irregularidades probadas en el juicio: restricciones de beneficios, quita de zonas y comisiones, y falsas registraciones laborales.
Aunque en 2018 la firma intentó cerrar la relación con un pago de $ 200 mil, el trabajador continuó vinculado hasta diciembre de 2022, momento en el que se dio por despedido indirecto citando fraude y cambios en sus condiciones de trabajo.
Su mejor remuneración normal y habitual del trabajador, aunque Manaos la desconocía, fue la de noviembre de 2022: eran casi $ 5 millones, cifra que resultó clave para el monto de la indemnización.
Según el fallo, la empresa utilizó un acuerdo de desvinculación ante el Seclo en 2018 como un “artilugio” para intentar cambiar la categoría del empleado de “Viajante de Comercio” (bajo la Ley 14.546) a “Promotor”, una categoría menos beneficiosa perteneciente al convenio de Aguas y Gaseosas.
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¿Por qué la Justicia redujo el monto de la indemnización?
El monto de la condena fue el punto de mayor controversia.
En una primera instancia, la Cámara Laboral de San Rafael había impuesto una indemnización significativamente superior, que alcanzaba los $ 1.500 millones.
No obstante, la Suprema Corte provincial intervino para aplicar una morigeración de los intereses.
El tribunal consideró necesario reducir la cifra original al revisar las tasas aplicadas, fijando el capital de la sentencia en $ 807.676.293,72.
A pesar de esta reducción de casi el 50% respecto al primer fallo, los intereses acumulados hasta la fecha elevan el pago final a los casi $ 900 millones que la empresa debe depositar ahora para evitar la ejecución forzosa.
Tras conocerse la decisión judicial, el dueño de la firma, Orlando Canido, confirmó que cumplirá con la sentencia.
“Se pagará”, fueron las breves pero definitivas palabras del empresario ante la consulta sobre el fallo que lo obliga a desembolsar una cifra récord.
