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El Gobierno paga a 5 empresas en litigio

Dispuso la emisión de nueva deuda por un valor de 510 millones de dólares para cancelar los juicios de cinco compañías. A cambio, las demandantes comprarán un bono en pesos, que impulsa el secretario Guillermo Moreno, por el 10 por ciento del monto reclamado.

19 de octubre de 2013 a las 12:01 a. m.
Especial, agencias DYN y AP
El Gobierno paga a 5 empresas en litigio
A sola firma. El ministro Hernán Lorenzino oficializó los acuerdos con las empresas (DyN).

Buenos Aires. El Gobierno nacional oficializó ayer el pago a cinco empresas que litigaban contra el país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por 677 millones de dólares. Para ello debió ampliar la deuda del Estado en 3.000 millones de pesos –alrededor de 510 millones de dólares–, según se publicó ayer en el Boletín Oficial, luego de acordar una quita con los demandantes.

A través de la resolución 598/2013, el Ministerio de Economía dispuso la aprobación del “modelo de acuerdo sobre laudos firmes dictados por tribunales arbitrales”, en el marco del Ciadi y el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-Uncitral).

Bajo ese marco se suscribieron cinco acuerdos con empresas que contaban con laudos firmes, por un total de 677 millones de dólares. “La quita, fijada en valor nominal a todos los acreedores por igual, representa un 25 por ciento respecto del monto originalmente reclamado, equivalente a un ahorro fiscal de 171 millones de dólares”, aseguró el Palacio de Hacienda en un comunicado.

La instrumentación de los acuerdos supone la cancelación de los montos a plazo mediante la entrega de una combinación de bonos Bonar X para el capital y Boden 15 para los intereses, y a una tasa del siete por ciento anual. Además, las firmas beneficiadas con el pago del Gobierno suscribirán el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade), en efectivo, por el 10 por ciento del monto total reclamado, equivalente a 68 millones de dólares. La colocación de este título fue impulsada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

¿Quiénes acordaron?

Según el Ministerio de Economía, los acuerdos se celebraron “en condiciones extremadamente favorables para el país”, y “no” afectaron “recursos en efectivo ni reservas internacionales”.

Las empresas favorecidas por el acuerdo son Blue Ridge (titular de CMS Gas), CC-WB (titular del reclamo de Continental Casualty), Vivendi (Aguas del Aconquija) y Azurix Corp, que recurrieron al Ciadi. Y NG-UN Holdings, tenedora del planteo de “National Grid”, que reclamó ante el CNUDMI-Uncitral.

Azurix, CMS Gas Transmission Company y Continental Casualty Company, de capitales estadounidenses; Vivendi, de capitales franceses; y National Grid, de capitales británicos, eran mayoritariamente concesionarias de servicios de agua, gas y electricidad en Argentina. Las empresas hicieron juicio al Estado por incumplimiento de contrato o porque después del estallido de la crisis de 2001 las tarifas dolarizadas fueron convertidas a pesos, con las consiguientes pérdidas económicas para ellas.

A través de la resolución 830 que firmaron el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y Lorenzino, el Gobierno amplió en 3.000 millones de pesos la deuda del Estado nacional para hacer frente a los laudos suscriptos. Lo hizo a partir de modificar el Presupuesto Nacional de este año.

En sus considerandos, el texto no ofreció detalle alguno sobre cuánto recibirá cada compañía, y se limitó a mencionar que “las empresas acreedoras reajustan sus pretensiones indemnizatorias, reduciéndolas en no menos del 25 por ciento de la liquidación correspondiente”, y que “en dicho marco se suscribieron convenios individuales” para la “entrega de Boden 15 y Bonar 2017”.

La postura dialoguista de Argentina con los deudores se ha interpretado en círculos económicos como una buena estrategia para destrabar inversiones en el país y conseguir financiamiento externo.

Acuerdo con una quita del 25% 

La quita, acordada con todos los acreedores por igual, representa un 25 por ciento respecto del monto originalmente reclamado. Según el Ministerio de Economía, la reducción equivale a un ahorro fiscal por un valor de 171 millones de dólares.