Unánime condena a la ejecución de Tamayo

La ejecución en Texas del mejicano Edgar Tamayo, pese a un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordenó revisar su sentencia, fue lamentada ayer por la Unión Europea (UE), los gobiernos de México y Estados Unidos, y por la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), que la consideró "un asesinato sin ninguna justificación". Tamayo, condenado a la pena capital por haber asesinado a un policía en enero de 1994, fue ejecutado mediante una inyección de barbitúricos en la "cámara de la muerte" de la prisión de Huntsville, al noreste de Austin, la capital del estado norteamericano Texas. La sentencia se cumplió tres horas y media después de lo previsto, una vez que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazara dos apela­ciones presentadas a último momento por la defensa de ­Tamayo. El reo pasó sus últimas horas "tranquilo y resignado", y se manifestó "listo para irse" porque "20 años en la cárcel ya era mucho", reveló el vocero del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Jason Clark. De hecho, al despedirse de sus padres y sus hijas les pidió que no presenciaran la ejecución, no solicitó un menú especial para su última cena y declinó pronunciar unas palabras antes de recibir la inyección. En cambio, sí observaron la aplicación de la inyección letal la madre y parientes de Guy Gaddis, el policía asesinado. De 47 años y con un diagnóstico de "discapacidad mental leve", según el diario Excelsior, Tamayo era uno de los 51 mejicanos incluidos en el llamado Fallo Avena, la resolución de la CIJ que en 2004 estableció que Estados Unidos violó el artículo de la Convención de Viena porque no se respetó el derecho de los reos a recibir asistencia consular. Antenoche se convirtió en el tercero de esos 51 mejicanos en ser ejecutado. Los abogados de Tamayo, ­encabezados por Sandra Babcock, agotaron las instancias judiciales, pero todos los recursos que presentaron fueron ­rechazados. Organismos internacionales –entre ellos, la ONU, la UE y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– reclamaron, sin éxito, la suspensión de la ejecución, lo mismo que los gobiernos de México y Estados Unidos. En septiembre, el secretario de Estado, John Kerry, advirtió sobre el tema.