Un escándalo tapa otro

Esta semana se agravó el conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Nicolás Maduro, el presidente venezolano, optó, como es habitual en él, por una medida de alto impacto: el cierre de parte de la frontera y la militarización de los pasos entre ambos países. Su argumento es la presencia de paramilitares y narcotraficantes colombianos en la zona fronteriza, de la que hizo responsable a la oligarquía colombiana que quiere perjudicarlo, según dijo en un acto multitudinario que organizó el viernes para celebrar las novedades. Apenas llegados a la zona de Táchira, el lugar de más alta concentración de tránsito entre ambos países, los militares hicieron efectiva la deportación de no menos de mil colombianos, según la versión oficial. Sin embargo, se trataría de muchos más. Las imágenes que vienen de esa región del subcontinente muestran un éxodo de gente humilde que lleva sobre sus hombros muebles, heladeras y cocinas en su huida hacia Colombia. Ayer se hablaba de ocho mil colombianos que habrían vuelto a su país desde Venezuela.Los análisis que se hacen desde fuera del gobierno venezolano apuntan a los siguientes factores por tener en cuenta.La frontera entre ambos países es muy dinámica, quizá la más activa en cuanto a tránsito de bienes y personas de toda la región. Nadie puede negar la presencia de paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas allí, que constituye un problema grave para los dos países. Sin embargo, el contrabando de extracción (bienes comprados a bajo precio en Venezuela y revendidos con un amplio margen de ganancia en Colombia) es masivo y genera ganancias incluso superiores a los del narcotráfico que opera en el área. Otro antecedente importante es el siguiente. En 2003, un año antes de que se realizara el referéndum revocatorio en el que ganó Hugo Chávez, el entonces presidente llevó a cabo (con asesoría cubana) una operación para asegurarse los votos en la frontera. La "misión", como llama el chavismo a esos operativos, consistía en dar el documento nacional de identidad venezolano a todos los colombianos o extranjeros de otras nacionalidades que vivieran en la zona. Eso los habilitaba para recibir todo tipo de subsidios. Diez años después, esa misma gente es expulsada por militares que no distinguen entre ciudadanos legales e ilegales (o dobles cedulados, como se los conoce). No se entiende este golpe efectista de Maduro en una zona en la que el mismo Estado trabajó para conseguir el favor político de quienes hoy expulsa. Salvo que haya intereses que ocultar con la vieja táctica de tapar un escándalo con otro. Trama oculta En este último sentido el diario El Nuevo Herald aseguró el viernes que la extradición de dos supuestos narcos colombianos a Estados Unidos fue el verdadero detonante de la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Según el diario, Gersaín Viáfara y Óscar Giraldo Gómez podrían implicar en sus declaraciones en Estados Unidos a militares y dirigentes del chavismo involucrados en el llamado "cartel de los soles" (en referencia a los soles de las charreteras de los militares de alta graduación). El mismo medio dice que este fue uno de los temas principales de las conversaciones entre los dos países en el marco de la crisis fronteriza. Respecto de la presencia de grupos paramilitares, nadie duda de eso, como tampoco de la existencia de núcleos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también colombiano, de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL, cercanas al chavismo) y de narcotraficantes (o narcoguerrillas). Estos grupos se mueven entre ambos países como si no hubiera frontera. Durante los gobiernos de Chávez las guerrillas colombianas podían refugiarse en Venezuela, sobre todo en el estado de Apure, conocido como aliviadero narcoguerrillero. No se descarta que los militares chavistas hayan tenido intereses en común con esos grupos.Además, hay que aclarar que la presencia guerrillera no es mal vista por la población civil, ya que muchas veces apacigua a la delincuencia común, se erige en autoridad y dirime conflictos. De todas formas, sus actividades económicas son delictivas: narcotráfico, abigeato, secuestros, contrabando de extracción. Desde el punto de vista político, se acercan las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y Maduro enfrenta un cuadro complicado, ya que las encuestas ubican a la oposición 20 puntos por encima del gobierno. El mejor posicionado es Leopoldo López, del partido Voluntad Popular, y en segundo lugar estaría Henrique Capriles, con Primero Justicia. Ambos acordaron ir juntos en una misma boleta. Es una campaña silenciosa, porque no hay medios masivos de comunicación que no sean del gobierno o que estén cooptados por él.Pero la situación económica es pésima, con altísima inflación y escasez. Determinados productos de precio subsidiado (café, leche, azúcar, harina, papel higiénico) sólo pueden comprarse durante dos días de la semana, según la terminación del documento de identidad del comprador, y en cantidad limitada. Esto es sentido y padecido por toda la población, y constituye la peor propaganda política del gobierno. ¿Compensará el voto castigo las falencias de una campaña que no se ve?