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Sesión para la historia y la histeria

De los 594 miembros del Congreso (513 diputados y 81 senadores) que decidirán el futuro de Rousseff, hay al menos 318 bajo investigación de la Justicia.

20 de abril de 2016 a las 12:05 a. m.
Redacción La Voz
Sesión para la historia y la histeria

"El Congreso de Brasil se parece a la cocina de los restaurantes: mejor no ver cómo trabajan ahí dentro". La frase, aguda e irrefutable, fue plasmada por un artista brasileño en Twitter, en la noche del domingo pasado. Ese día, el plenario de la Cámara de Diputados resolvió por holgado margen aprobar y elevar al Senado la recomendación de someter a la presidenta Dilma Rousseff a juicio político por un presunto delito de responsabilidad, derivado de "pedaleadas" o maquillaje de cuentas fiscales que no cerraban en su primer mandato. Recordar el eje de la acusación que puede apartar a Dilma del gobierno resulta pertinente a esta altura del proceso abierto contra la mandataria. Lo que ha puesto a Rousseff al borde de su destitución es una conducta que, como ella alega en su defensa, ha sido común en todos sus predecesores, sin que a ninguno de ellos se le imputara como delito. Sin eximirla de culpas, el argumento podría ser un considerable atenuante.Lo que sí resulta más sugestivo es que entre los 367 legisladores que usaron con histrionismo la tribuna de la Cámara Baja para inmortalizar en la TV y con encendidas diatribas su voto contra la presidenta, casi nadie aludió a las "pedaleadas". Muchos de los parlamentarios opositores ayudaron con sus discursos a confundir a desprevenidos que creen que el impeachment abierto contra la jefa de Estado se fundamenta en crímenes cometidos en la trama de corrupción de Petrobras o en denuncias de delatores premiados en la Operación Lava Jato.A Dilma no están a punto de sentarla en el banquillo de los acusados del Senado ni las actuaciones del juez Sergio Moro ni las delaciones premiadas del Petrolao, sino presuntas transgresiones a normas presupuestarias. Los inquisidores que el domingo invocaron en el Congreso las más diversas razones o los destinatarios más insólitos para "dedicar" su voto a favor del impeachment contribuyeron a alimentar esta confusión. Pero no sólo ellos. El líder de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo, Paulo Skaf, desde la región más poblada, desarrollada y poderosa de Brasil, no se cansó de dar algo más que señales a favor de la "destitución ya" de la mandataria, por el estancamiento de una economía que en 2015 sufrió una retracción del 3,8 por ciento.Y aunque Skaf no es diputado, su peso político se hizo visible con el apoyo explícito (y logístico) a cada marcha que llenó la avenida Paulista de manifestantes contra Rousseff.Claro que lo que se pretende juzgar no es la responsabilidad en la crisis financiera, la pérdida de empleos, los ajustes fiscales al inicio de su segundo mandato o la recesión que el Planalto asocia a la caída de las commodities , al frenazo económico de China y a una crisis global. "Si la crisis económica es motivo de destitución, varios gobernantes de países desarrollados deberían haber sido depuestos", razonó ayer Dilma. Pero ella sabe que sin ese combo –que erosionó su imagen y los incuestionables logros sociales que aparejó la llegada al poder de Luiz Inácio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores–, hoy no estaría cerca del abismo. En favor de la presidenta, podría decirse que es quizá la dirigente política que hasta ahora aparece como menos salpicada por denuncias de corrupción que abarcan tanto a oficialistas como opositores. De los 594 ocupantes de los escaños del Congreso de Brasilia (513 diputados y 81 senadores) que decidirán el futuro de Rousseff y de Brasil, hay al menos 318 que están bajo investigación de la Justicia. Muchos de ellos, como Paulo Maluf o el propio titular del cuerpo, Eduardo Cunha, son nombres asociados a la corrupción. En octubre de 2014, cuando Dilma fue reelegida en balotaje con 54 millones de votos, los brasileños que antes del Mundial salieron a las calles para reclamar una "nueva política" consagraron en las urnas a parlamentarios que el domingo tuvieron un papel patético. Quedará, como triste muestra de una sesión que puede ser bisagra para Brasil, la apelación de la diputada Raquel Muniz en su voto contra Dilma, en la que ponía como ejemplo de probidad a su esposo, un alcalde al que 12 horas después metieron preso por una estafa con más de un millón de damnificados. Pero más aún herirá la memoria el voto del extravagante Jair Messias Bolsonaro, un "presidenciable" de la derecha más obtusa, quien dedicó su voto a Carlos Alberto Brilhante Ustra, el militar que en la dictadura que imperó desde 1964 a 1985 torturó a mujeres como la actual presidenta. Todo se mezcló en esa sesión diseñada por el cuestionado Cunha, quien no disimuló su sonrisa con el objetivo ya cumplido.