Rusia intenta eludir cargos por lesa humanidad

Sin argumentarlo de modo oficial, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decidió salir del esquema oficial del Derecho Internacional, muy probablemente, para evitar juzgamientos por posibles crímenes de lesa humanidad en Crimea, un territorio del este ucraniano ocupado por los rusos en su mandato donde corrieron ríos de sangre. En cambio, junto con el decreto por el cual derogó la firma de su país al Estatuto de Roma –ni más ni menos que la base legal en la que se sustenta la Corte Penal Internacional (CPI)–, Putin entregó fundamentos que explicaban la medida adoptada por los tres poderes rusos como modo de oponerse a investigaciones previas abiertas por la Corte sobre la guerra entre el mencionado país y Georgia por Osetia del Sur en 2008: un precedente para juzgar hipotéticos excesos rusos en Ucrania, donde todavía existe tensión. La noticia de que el gigante euroasiático conducido por el populismo de centroderecha forjará su camino sin ataduras en materia de derecho internacional, significa un cimbronazo global. Si Occidente poco ha conseguido menguar la solapada actitud hostil del expaís soviético en general (en Siria, por ejemplo, juega fichas enfrentado junto con aliados locales a intereses de Otan), menos chances de hacerlo tendrá ahora. A la pregunta ¿puede hacer esto Putin sin más?, la respuesta es afirmativa. El costo político hoy es bajo. Máxime con el mareo estadounidense que implica la transición en la Casa Blanca. Barack Obama y el establishment político norteamericano en este momento son poderes acotados que no tienen margen para tomar decisiones de fondo tras el triunfo del atípico republicano Donald Trump. Cuando Trump sea domado –si es que finalmente el poder global lo logra–, recién allí Putin empezará a sentir límites. Le quedan más de dos meses: la asunción presidencial en Estados Unidos es el 20 de enero de 2017. Vaciando las normas El de Rusia no es el único caso de ruptura con el orden normativo internacional. De hecho, la situación quedó al descubierto gracias a la elusión del Estatuto de Roma por parte de varios países.También Estados Unidos e Israel lo firmaron y después retiraron su rúbrica temiendo denuncias contra soldados de sus países. China tampoco forma parte de la CPI. En octubre, Sudáfrica, Burundi y Gambia anunciaron su salida de la institución. El tribunal con sede en La Haya, en Holanda, fue fundado en 1998 con el Estatuto de Roma y comenzó a perseguir en 2002 casos de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad, que se dirigen contra personas más que contra estados. Como bien se sabe en Argentina, esos crímenes son de carácter imprescriptible. Rusia se unió al estatuto fundador en el año 2000, pero el Parlamento de Moscú nunca lo ratificó. Crisis institucional La citada diáspora colocó a la CPI en la mayor crisis de su corta historia. Los países africanos que se desuscribieron el mes pasado alegaron que el organismo ve crímenes de lesa humanidad "sólo en África", y eso provocó la reacción de la fiscal General de la Corte Penal Internacional, Fatou Benesouda, quien apuntó a las potencias mundiales. No es casual que Rusia haya decidido bajarse justo después de que la letrada gambiana avisara el lunes dos cosas: que investigaría "posibles crímenes en Afganistán, la mira puesta no sólo en las tropas afganas o en los talibanes, sino también en el Ejército estadounidense y miembros de la CIA" y que también abrirá "investigaciones preliminares sobre posibles crímenes de guerra en Ucrania y Crimea".Mientras tanto, hoy en La Haya, se reúnen los 124 países que reconocen todavía a la Corte. Una Corte que ahora, sin Rusia, es apoyada por menos de la mitad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.