Nuevas pruebas complican la situación de la infanta Cristina
La hija de los reyes de España habría sido una pieza clave en la trama de corrupción por la cual se imputó a su esposo, Iñaki Urdangarin. Podrían acusarla de evasión y blanqueo.
La infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, sería una pieza clave en la trama de corrupción en la que está implicado su esposo, el duque de Palma Iñaki Urdangarin, según nuevos datos de la investigación revelados ayer por la prensa española.
Estas pruebas, basadas en testimonios de asesores fiscales y notarios que trabajaron con Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, acercan cada vez más a la infanta a una imputación por evasión y blanqueo.
El nombre y apellido de la hija de los reyes Juan Carlos y Sofía aparece en la sociedad Aizoon, que comparte al 50 por ciento con su esposo, para servir de “escudo fiscal”, de acuerdo con el testimonio de Miguel Tejeiro, notario de los duques de Palma y cuñado de Torres.
Tejeiro fue quien diseñó la constitución de Aizoon e insistió en la necesidad de que la hija del monarca figurara en el entramado solitario destinado al desvío de fondos públicos y blanqueo, con el objetivo de "disuadir a la Agencia Tributaria de una eventual inspección", informó el diario El Mundo , citando fuentes de la investigación. Un reputado escribano barcelonés, Carlos Masiá Martí, habría intentado disuadirlo debido a los problemas que podría tener la infanta en un futuro, pero fue en vano, ya que Tejeiro estaba convencido de que su participación era crucial.
El periódico sostiene que la infanta Cristina gozó de la consideración de “agujero negro” en el seno de Hacienda, una denominación que los inspectores utilizan para aquellas personas, como es el caso de miembros de la familia real española y personajes de relevancia institucional, exentas de cualquier tipo de inspección tributaria.
Una prueba de ello sería el dato que el Fisco descubrió en fecha reciente: un espectacular incremento patrimonial de la infanta, con un total de 13 fincas rústicas, que jamás había sido rastreado de oficio.
El mismo diario publicó la semana pasada que la infanta emitió decenas de facturas para cobrar un falso alquiler de su palacete de Pedralbes a Aizoon, empresa a la que su marido habría desviado parte de los millones de euros de fondos públicos de los que se apropió de modo indebido. Se trata de un detalle que se desprende de otro dato: que la hija del rey de España se había autoalquilado el palacete, su vivienda habitual en una exclusiva zona de Barcelona, para desviar dinero de Aizoon y engañar así a Hacienda.
Otra vez en la mira
El duque de Palma fue imputado en 2011 por la presunta apropiación indebida de más de seis millones de euros a través del Instituto Nóos, una fundación en teoría sin fines de lucro y vinculada al deporte que obtuvo suntuosos contratos con administraciones gobernadas por el conservador Partido Popular (PP), del presidente español, Mariano Rajoy.
Parte del dinero apropiado fue desviado a Aizoon, sociedad que nunca tuvo actividad real alguna –figura como consultora– sino que funcionó como “sociedad instrumental”, según la investigación.
La infanta Cristina y Urdangarín adquirieron ante notario el 100 por ciento de Aizoon el 11 de febrero de 2003 a cambio de tres mil euros, que depositaron como capital social en una escribanía de Esplugues de Llobregat, cerca de Barcelona.
Tejeiro, abogado y ex profesor de la escuela de negocios Iese, y quien se encargó de constituir Aizoon, está imputado por diseñar el plan para sacar el dinero de Nóos y evadir el máximo posible de impuestos de los fondos públicos que ésta entidad se adjudicó.
En abril, el juez del caso, José Castro, de Palma de Mallorca, imputó a la infanta Cristina por su presunta complicidad en los delitos cometidos por Urdangarín y Torres, pero luego una instancia judicial superior anuló la decisión judicial al considerar que no había pruebas suficientes. Sin embargo, el magistrado siguió investigando a la hija del rey por un posible fraude fiscal vinculado a su papel en Aizoon.
Así, la hija menor del rey, una exitosa empresaria de 46 años, se encuentra otra vez al borde de convertirse en la primera integrante de la monarquía española en tener que rendir cuentas a la Justicia, un hecho inédito en la historia democrática del país.
