Los espías no se rinden

En marzo de 2012, dos senadores, Mark Udall y Ron Wyden, ambos pertenecientes al Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, habían advertido que el público quedaría shockeado si alguna vez se sabía todo lo que permitía la ley en ese país en materia de espionaje. Tuvo que pasar más de un año para que el caso de espionaje explotara gracias a Edward Snowden y se convirtiera en el escándalo internacional del año.Snowden, el denunciante, reveló en detalle cómo funcionaba el sistema de vigilancia interna y externa que violaba la privacidad de ciudadanos comunes estadounidenses y extranjeros, y aún de líderes de países aliados. Las investigaciones periodísticas que siguieron sacaron a la luz que el gobierno estadounidense se valía de un esquema de organismos públicos que trabajaba al borde de la legalidad y gastaba miles de millones de dólares al año para recoger masivamente información de correos electrónicos y llamadas telefónicas privada. Todo esto, además, en complicidad con las grandes empresas telefónicas y de Internet. Barack Obama no fue muy convincente al momento de explicar la naturaleza de ese esquema ni las medidas que se tomarían en adelante. Lo sucedido desde mitad de año hasta ahora corrobora su falta de voluntad para cambiar la estructura del espionaje. Estructura que, hay que recordar, fue ampliada sobre la base de la preexistente al 11-S por iniciativa de George W. Bush y con el respaldo de la Ley Patriota, aprobada por el Congreso de ese país en octubre de 2001. El diario británico The Guardian , que fue el primero en divulgar las revelaciones de Snowden, publicó días atrás una nota que asegura que el comité revisor de las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, su sigla en inglés), dependiente del Departamento de Defensa, no está poniendo mucho empeño en la idea de desarticular su programa de espionaje. Sascha Meinrath, director de Open Technology Institute (OTI), una ONG que trabaja por comunicaciones seguras y una Internet accesible para todos, participó en un panel consultivo sobre las potenciales reformas que se podrían hacer a la NSA. Su conclusión es que las ideas aportadas por su organización y otros expertos miembros del panel no serán tenidas en cuenta. El panel reportaba a un comité revisor dirigido por un ex vicedirector de la CIA, Michael Morrell, y se esperaba que hoy le entregara su informe a Barack Obama en la Casa Blanca. Hasta el viernes no se sabía si el documento iba a ser publicado.Sin embargo, como el jueves se produjeron filtraciones sobre este tema, se sabe que el documento del comité revisor no hace nada para morigerar la falta de confianza de la población mundial hacia lo que hace Estados Unidos.Las filtraciones –publicadas en el New York Times y el Wall Street Journal – plantean la casi certeza de que la recolección masiva de información continuará, aunque tal vez no sea la propia NSA la que efectúe el acopio, sino las empresas telefónicas. "Con restricciones más estrictas que la 'sospecha razonable' que se emplea actualmente", según Meinrath.En ese marco, lo que menos se restringiría sería el espionaje a extranjeros, pero para espiar a mandatarios de otros países se requerirá la aprobación expresa del presidente.Otro punto importante es si se va a permitir que exista un organismo de control a los pedidos de vigilancia secreta de supuestos espías de otros países en Estados Unidos, sean ellos nacionales o extranjeros. Hasta ahora esa función la realizaba el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Fisa Court), que siempre aprobó todas las peticiones que se le realizaron. Las actividades de este tribunal son secretas, de allí que sólo mediante la denuncia de un arrepentido como Snowden saliera a la luz que el Fisa era el ente que había autorizado que la NSA exigiera a diferentes empresas telefónicas registros de todas las llamadas de sus clientes. The Washington Post asegura que la propuesta más controvertida que recibió el comité revisor es la de separar completamente a la NSA del cibercomando de las fuerzas armadas. El gobierno no aceptaría esto porque considera que mantener a la NSA bajo un comandante militar (en la actualidad, el teniente coronel Keith Alexander) la hace más eficiente.Grupos de derechos civiles de los dos principales partidos impulsan una ley que prohibirá la recolección masiva de información obtenida por espionaje. En su lugar, proponen que la NSA pueda actuar sólo en casos individuales y con expresa autorización judicial.Sería lo lógico, pero los servicios de inteligencia actúan en una realidad legal paralela. En esto también los regímenes de izquierda y de derecha terminan pareciéndose.