La infanta Cristina se sentará en el banquillo por fraude

Palma de Mallorca. El juez José Castro decretó ayer la apertura del juicio del caso Urdangarin y decidió que la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, deberá sentarse en el banquillo de los acusados ante un tribunal que la juzgará como cooperadora necesaria en los delitos fiscales de su marido. El magistrado instructor considera que la esposa de Iñaki Urdangarin debe ser juzgada para que ante un tribunal se diriman los supuestos indicios de dos delitos fiscales, en un papel de cooperadora de los mismos fraudes, en 2007 y 2008, de los que se acusa a su marido. La vista oral se podría celebrar en la segunda mitad de 2015 en la Audiencia de Palma. Castro le pide 2,6 millones de euros de responsabilidad pecuniaria. La infanta se sentará en el banquillo junto a 16 personas más, entre ellas, su propio marido.El juez Castro, al poner el broche a la instrucción después de cuatro años, mantiene el criterio que expresó en 2013 cuando dictó la primera imputación contra la infanta, implicación que inicialmente derribó la Audiencia de Palma. Semanas atrás, los tres magistrados del Tribunal coincidieron con las tesis del juez instructor al encausar a Cristina de Borbón por dos supuestos delitos contra la Hacienda pública, a pesar de que existe contra ella una única acusación, la del pseudo sindicato ultra Manos Limpias. Esta parte reclama ocho años de cárcel para la infanta.El magistrado desestimó las razones de los extensos alegatos defensivos de los escritos de calificación del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, de la Abogacía del Estado y de los letrados de Cristina. Estas partes se centraron en la no existencia de indicios delictivos contra la infanta y, además, subrayaron que era de inexcusable aplicación a su favor la llamada doctrina Botín, del Tribunal Supremo, que señala que si no acusan la fiscalía y la abogacía estatal en un delito que alude al Estado no puede juzgarse.El juez Castro interpretó, con el respaldo del mandato de la Audiencia, que si la fiscalía y Hacienda acusan por los mismos delitos a Urdangarin y su socio Diego Torres no hay razón por la que no se pueda juzgar a la hermana del rey. El magistrado escribe que si no prospera la acusación de doble delito fiscal, cabría declarar a la infanta "partícipe a título lucrativo de los demás supuestos delitos" perpetrados por su marido.El juez pidió que Urdangarin deposite en concepto de fianza de responsabilidad civil y otros un total de 14.957.262 euros, y para su esposa reclamó que pague 2.697.150 euros. El juez solicitó más de 90 millones de fianza en total por responsabilidad pecuniaria para las 17 personas que se sientan en el banquillo. Cristina protagoniza desde 2013 –y tras su declaración como imputada de febrero de 2014– gran parte de las informaciones del caso Urdangarin, o caso Nóos.

El asunto judicial se abrió en 2010 para investigar la supuesta malversación de seis millones de euros de fondos públicos de los gobiernos de Baleares y Comunidad Valenciana por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, a través del Instituto Nóos. La lupa se centró en la presencia de Cristina en la junta de Nóos y en su papel de copropietaria con su marido de la compañía Aizoon, en la cual se drenaron cantidades defraudadas.