A la espera de la sentencia

El vértigo de las acciones originadas en diferentes estrados judiciales no da tregua ni al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ni a su sucesora, Dilma Rousseff, ni al Partido de los Trabajadores, que gobierna el país a través de ambos desde el 1 de enero de 2003. El estancamiento económico, las grietas internas y el aprovechamiento que de ambos hace la oposición política, tampoco. Al ampuloso operativo por el que Lula fue llevado a declarar hace siete días, a pedido del juez que investiga la trama de corrupción en Petrobras, siguió esta semana el reposicionamiento de las fuerzas opositoras para reimpulsar el juicio político a la presidenta.Mientras Lula buscaba mantener unida a la heterogénea coalición oficialista, de cara a la ofensiva contra Dilma, el Ministerio Fiscal de San Pablo lo acusó de lavado de dinero y falsedad ideológica y solicitó su prisión preventiva, algo sobre lo que deberá expedirse un juez.Como primera reacción, Lula atribuyó la ­petición de los fiscales paulistas a los rumores que corrieron el miércoles de que él podría asumir un ministerio para dotarse de inmunidad, lo que el propio exmandatario negó.Una semana atrás, en el PT afirmaron que la declaración coercitiva de Lula y los procesos contra él eran la réplica a su anunciada intención de presentarse como candidato en 2018.Mañana, una convención del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal socio del PT en el oficialismo, dejaría en libertad de acción a sus legisladores para el día en que el impeachment se vote en el Congreso. Y el domingo, todo el arco opositor, político y empresario pone sus fichas a una movilización en la que se pedirá la salida de la jefa de Estado, con mandato hasta diciembre de 2018. También ese día, el PT y sus aliados marcharán en defensa de su histórico líder y del actual gobierno. Hay quienes sostienen que la sentencia de las calles tendrá más fuerza que cualquier otra cosa juzgada.