La Corte decidió seguir el proceso contra Rousseff

San Pablo. Movimientos sociales y sindicatos de Brasil marcharon ayer por varias ciudades de ese país en defensa del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y contra el jefe de Diputados, Eduardo Cunha, acusado de corrupción, en la misma jornada en la que la Corte Suprema abrió la sesión para decidir si continua o no el proceso contra la mandataria. Las manifestaciones contra el juicio político a la presidenta, que los movimientos califican como un intento de golpe de Estado, se dieron en 23 ciudades de Brasil, tres días después de las convocadas por los grupos que demandan la destitución de la presidenta, que tuvieron una baja adhesión.Las movilizaciones marcharon por lugares como Río de Janeiro, Natal, Goiás, San Pablo y Brasilia, entre otras, con banderas que proclamaron el "Día Nacional de Lucha contra el Impeachment, el ajuste fiscal y Cunha", según informaron sus organizadores.Ayer, el Tribunal Supremo de Justicia (STF, Corte) decidía si continuaba o no el proceso que el martes pasado ser inició con la conformación de una comisión especial que juzgaría a la mandataria.Tras la presentación del voto del instructor, la corte suspendió la sesión y acordó reanudarla mañana, cuando expresarán su parecer los otros diez miembros de la corte.La Cámara de Diputados decidió el martes analizar el pedido de instauración de un juicio con fines de destitución por el supuesto maquillaje de las cuentas fiscales presentadas por el gobierno pero fue suspendido temporalmente por el Supremo después de que el oficialismo solicitó esclarecer algunos detalles sobre el trámite.El juez Luiz Fachin, instructor de la causa en la que la Corte decidirá el trámite para un eventual juicio político contra Rousseff, negó uno a uno los alegatos del oficialismo contra ese proceso.Según Fachin, cuya sentencia debe ser debatida y votada por los otros diez miembros de la corte, el proceso con miras a la perdida del cargo de la mandataria solicitado por la oposición se ajusta a derecho y atiende todos las exigencias de la Constitución.El instructor rebatió el argumento presentado por partidos oficialistas y aclaró que un proceso de esa naturaleza es de contenido "político y jurídico".Fachin rechazó el alegato de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, estuviera "impedido" de autorizar el inicio del trámite del juicio político por su condición de declarado opositor."La enorme mayoría de los actores políticos son adversarios o partidarios de un presidente", por lo que "no se puede exigir una imparcialidad absoluta", dijo y reafirmó que tanto la admisión del proceso como una votación secreta hecha en la Cámara Baja para escoger a los miembros de una comisión especial que tramitará el caso se hicieron dentro del marco legal.