En la Asamblea, la oposición retomó acción contra Maduro

Caracas. La Asamblea Nacional (AN), Parlamento Unicameral de Venezuela, en el que la oposición tiene amplia mayoría, aprobó ayer un acuerdo o resolución legislativa que declara la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro por el incumplimiento de sus deberes constitucionales en la grave crisis que afecta al país.

Sin embargo, si bien esta resolución podría considerarse un antecedente para declarar que el presidente debe abandonar el cargo, su valor es más simbólico que concreto, ya que el Poder Legislativo no está facultado para resolver esta cuestión. De acuerdo con la Constitución venezolana, Maduro sólo podría ser destituido por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. (TSJ)

El acuerdo se logró tras un debate que se extendió por casi cuatro horas y no contó con la participación de la bancada oficialista, que se retiró de la sesión alegando que la Asamblea Nacional incurrió en desacato de una sentencia que el mes pasado dictó el Tribunal Supremo de Justicia. En ese fallo, el TSJ prohibió a los congresistas enjuiciar a Maduro por la inconstitucionalidad del proceso. Sólo el diputado Pedro Carreño habló por el oficialismo para advertirle a la AN que sus declaraciones son “inoficiosas” e inútiles, antes de invitar a sus colegas a retirarse de la plenaria.

En la resolución votada ayer por la mayoría de la AN se responsabilizó a Maduro de provocar una “ruptura del orden constitucional”, de incurrir en “violaciones de los derechos humanos” y de sumir al país en una grave crisis económica que se refleja en una desbordada inflación y en un severo desabastecimiento de alimentos y otros bienes básicos.

Asimismo, como parte del acuerdo se pidió a una comisión avanzar en el proceso para que la Asamblea declare el abandono del cargo de Maduro.

La Asamblea ratificó su decisión de acudir a instancias nacionales e internacionales para denunciar “la violación de derechos humanos y elementos de la democracia y demás derechos que hoy sufre el pueblo venezolano” y en los que sostuvo que Maduro ha tenido un papel protagónico.

De acuerdo con la Constitución de Venezuela, el presidente sólo puede perder el poder ante las siguientes circunstancias: muerte, renuncia, destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente y certificada por una junta médica, abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional y la revocatoria popular de su mandato.

Durante el año que está a punto de concluir, la oposición reunida en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) reunió firmas y dio los pasos formales para que se convocara al referéndum revocatorio. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral dio por inválidas parte de las firmas recogidas en la primera fase del proceso y ordenó que se cotejaran una vez más esos avales, lo que supuso un freno a la consulta.

La intención de la MUD era que el revocatorio se realizara antes del 7 de enero, fecha en la que se cumplirían cuatro años del mandato del presidente Hugo Chávez, quien murió el 5 de marzo de 2013. Ese período hasta 2019 debería completar Maduro, tras ser elegido en abril de 2013, pero la oposición impulsa su salida anticipada para convocar a nuevos comicios.

Si el referéndum se efectuara después del 7 de enero, Maduro podría ser desplazado de la presidencia, pero asumiría su vicepresidente, y el chavismo se mantendría en el Palacio de Miraflores.

La creciente tensión generada por el revocatorio derivó en masivas movilizaciones de opositores y de oficialistas, y cuando todo hacía temer una escalada de enfrentamientos se anunció una mediación del Vaticano, auspiciada por expresidentes de otras naciones y por el secretario general de la Unión Suramericana de Naciones.

Sin embargo, el diálogo arrojó escasos resultados concretos hasta ahora y la oposición no acudió al encuentro previsto para el 6 de diciembre pasado. Por su lado, el oficialismo, representado por el diputado Diosdado Cabello, polemizó con el enviado del Vaticano y afirmó que el Gobierno no aceptaría imposiciones. El eje de la discordia es el tema de una “salida electoral” que la MUD antepone para volver a la mesa.

Pese a la intransigencia de las partes y a las nuevas tensiones, los mediadores fijaron una próxima reunión para reformular el diálogo para el 13 de enero.

Mientras, el Gobierno dispuso ayer una prórroga de 10 días para el canje de billetes de 100 bolívares, que saldrán de circulación y serán reemplazados en el mercado por otros de mayor valor.

Contactos por Mercosur. Nicolás Maduro afirmó ayer que tuvo una conversación muy positiva con su homólogo uruguayo Tabaré Vázquez, en la que acordaron una ruta de trabajo que ayude a revertir la suspensión de Venezuela como miembro del Mercosur.