El síndrome del Mundial

Los diarios ingleses, tanto o más atentos al fútbol que los brasileños o los argentinos, ilustran las noticias de lo que está pasando en Brasil con las caras de los jugadores del seleccionado el día que Alemania les hizo siete goles durante el Mundial. Brasil la está pasando mal, pero ¿peor que aquel día aciago?, parecen preguntarse los malintencionados ingleses. La realidad política y económica es más dura que las peores chicanas futboleras. El gobierno de Dilma Rousseff afronta uno de sus peores momentos. La inflación del 7,5 por ciento puede parecer baja para nosotros, pero no para los ciudadanos comunes que sienten la pérdida del valor de sus salarios, ni para el gobierno, que vio superadas las previsiones de alrededor del 4,5 por ciento que había hecho. Esto es un problema serio para un esquema económico basado en garantizar el consumo. Este factor fue clave en el progreso socioeconómico de millones de personas durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) desde 2003 al presente. Por otra parte, los brasileños en general no están pendientes del dólar como los argentinos, pero con la devaluación de esta semana, que llevó a tres reales el precio de la unidad de moneda estadounidense, no queda más remedio que prestar atención. Lo importado aumenta de precio e inevitablemente los consumidores se verán afectados; sobre todo porque muchos bienes que se producen en Brasil (como en Argentina) requieren de insumos extranjeros. Para peor, la deuda externa de 250 mil millones de dólares (era de 100 mil millones hace cinco años) se hace más pesada aún con la devaluación. Las tasas de interés subieron a 12,75 por ciento, las más altas en seis años. Las tarifas, también. La palabra "recesión" asoma en el horizonte. No es un temor nuevo; de hecho, ya generó marchas y protestas. El nombre del escándalo Paralelamente, se desarrolla el escándalo que involucra a Petrobras, la petrolera estatal. Es una empresa enorme, responsable por sí sola del 10 por ciento de la inversión pública en Brasil. Según las denuncias, existía un esquema de pagos y cobros de coimas para que grandes empresas constructoras garantizaran contratos con la petrolera estatal. Eso ocurrió a partir de 2003, año en el que el Partido de los Trabajadores llegara al gobierno que aún ocupa. Las estimaciones de cuánto dinero fue desviado para pagar coimas van de 2.500 a 5.500 millones de dólares.Las denuncias por corrupción afectan a una gran cantidad de políticos en funciones, oficialistas, de la alianza gobernante y de otros partidos también. La propia presidenta estuvo a punto de verse investigada por este escándalo. Sucede que Dilma no sólo fue ministra de Lula, sino que durante esos años también integró el directorio de Petrobras. Era la cara técnica del más popular Lula da Silva. En su afán por alivianar una posible condena, algunos exdirectores de la empresa que llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público (el fiscal general) aseguraron que tanto Dilma como Lula estaban al tanto de lo que pasaba. Pero el viernes se conoció que el nombre de la presidenta no está en la lista de los sospechosos, porque sólo se puede investigar a un presidente de la Nación por irregularidades cometidas durante su mandato, y el escándalo abarca hechos sucedidos anteriormente.Por esta causa deben responder tres exdirectores de Petrobras y 36 ejecutivos de las principales empresas constructoras del país. Muchos ya están detenidos desde fines del año pasado y se quejan de que su situación es mucho peor que la de los involucrados políticos, que están libres.Entre los políticos figuran los presidentes de la Cámara de Diputados (Eduardo Cunha) y del Senado (Hernán Calheiros), ambos del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado del PT. Por parte del oficialismo, la exjefa de Gabinete de Dilma, Gleisi Hoffmann, y Paulo Bernardo, marido de Hoffmann y exministro de Comunicaciones, son los más comprometidos.La alianza entre PT y PMDB, que ya lleva 16 años, se debilita por este escándalo y por diferencias sobre cómo controlar la economía. Todo indica que será aún más problemático para Dilma conseguir acuerdos a la hora de garantizar la gobernabilidad. Como si fuera poco, para el 15 de marzo se prevé una gran marcha que reclamará el impeachment (procesamiento que puede implicar la destitución) de la presidenta. Se prevé un movimiento similar al que se produjo durante los meses previos al Mundial de 2013. Esta vez no habrá campeonato que afloje la tensión política.