Dos doctrinas que llevarían al juez a caminos divergentes

El juez instructor José Castro será en definitiva quien decida si exime a la hermana del actual monarca de un juicio por demás incómodo. El juez Castro ya acusó a la infanta de haber cooperado de forma "silenciosa" con la evasión cometida por su esposo. Iñaki Urdangarin, un delito que está penado con cinco años de prisión en España. La única esperanza de la infanta de evitar quedar definitivamente manchada por uno de los mayores casos de corrupción destapados en España en torno al poder político y económico, pasa por la aplicación de la llamada "doctrina Botín" (en referencia a un caso en el que estuvo procesado el fallecido presidente del Banco Santander). La citada doctrina del Tribunal Supremo permite a un imputado de delito fiscal evitar el juicio si no hay acusación pública o particular.En el caso de la infanta, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado la acusaron de delitos fiscales. Sólo lo hizo la acusación "popular" ejercida por el seudo sindicato ultraconservador Manos Limpias, cuya legitimidad es cuestionada por la defensa. No obstante, el juez Castro no está obligado a adoptar la doctrina Botín.En cambio, la situación de una de las hijas de Juan Carlos y Sofía se agravaría si el criterio a seguir por el magistrado fuera el de la llamada "doctrina Atutxa". Esta doctrina fue ideada para aplicarla en un delito de desobediencia y permite que, en los casos que se carezca de un perjudicado concreto, una única acción popular sirva para instar la apertura de juicio contra la infanta Cristina. La aplicación de esta corriente de pensamiento llevaría a la infanta Cristina al banquillo.Desde que el escándalo que involucra a Urdangarin se hizo más notorio, la Casa Real restringió hasta casi eliminar las apariciones de Cristina y su familia en fotos y actos oficiales.