Dilma pide no politizar el caso Petrobras
El gobierno brasileño promete investigar con rigor y transparencia la causa por una red de corrupción que implica a la mayor empresa del país. Neves acusa al Ejecutivo de “montar una organización criminal”. Grupos de derecha se manifestaron en varias ciudades.
San Pablo. El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, dijo ayer que conversó con la presidenta reelecta, Dilma Rousseff, quien se encuentra en Australia en la cumbre del G20, y que recibió indicación de que la investigación por el escándalo de corrupción en Petrobras debe ser "rigurosa, transparente y objetiva" para que sean castigadas todas las personas que cometieron ilícitos. "La orientación de la presidenta al Ministerio de Justicia y a nuestra policía federal es muy clara: investigar con absoluta transparencia, con absoluta objetividad, todo lo que hay de irregular, para que sean castigadas todas las personas que practicaron actos ilícitos", dijo Cardozo en una conferencia de prensa en San Pablo.El ministro agregó que los responsables serán castigados, sean miembros de la oposición o del gobierno, y expresó la voluntad de que las investigaciones no obstaculicen el trabajo de Petrobras, empresa vital para la economía del país.El viernes fueron arrestados 19 personas por este caso, entre ellos el exdirector de Servicios de Petrobras Renato Duque y los presidentes de tres de las mayores constructoras de todo el país.El ministro, del que depende la policía federal, repudió los "intentos de politización" del caso que, según él, pueden "colocar en jaque las investigaciones" y dijo que no debe ser vista como una especie de "tercera vuelta electoral", ya que el resultado de las urnas en las recientes elecciones presidenciales ya fue dado.También criticó insinuaciones de que el gobierno haya creado obstáculos para la investigación.En esa línea, el excandidato opositor Aécio Neves afirmó que la investigación "está llegando muy cerca de los más altos dirigentes del gobierno" y acusó al Ejecutivo de "montar una organización criminal" en Petrobras.Un tribunal del estado de Paraná, responsable por el caso, ordenó el viernes, además de las detenciones, el bloqueo de aproximadamente 720 millones de reales (277,2 millones de dólares) en bienes de propiedad de 36 de los investigados.
Repudio en las calles
En tanto, miles de personas, integrantes de grupos de derecha, realizaron ayer protestas en varias ciudades de Brasil en contra del gobierno, de la corrupción y en demanda de un proceso de destitución contra la presidenta Rousseff.
La manifestación más numerosa se dio en San Pablo, donde se concentraron 10 mil personas en la Avenida Paulista, principal arteria de la ciudad.
Parte de los manifestantes demandaron incluso una “intervención militar” para sacar al Partido de los Trabajadores (PT) del gobierno.
En Río de Janeiro, un centenar de personas se congregó en la Avenida Atlántica, que bordea la playa de Copacabana, liderados por el diputado derechista Jair Bolsonaro.
En las manifestaciones se corearon consignas contra el PT, que fue directamente responsabilizado por el escándalo de corrupción de Petrobras.
Algunos manifestantes portaban pancartas pidiendo la destitución de Rousseff y sugiriendo que se cometió fraude en las elecciones de octubre, que la actual mandataria ganó por un estrecho margen sobre el opositor Neves, quien reconoció su derrota y no ha cuestionado el resultado.
En qué consiste el escándalo
Para financiar campañas. Las investigaciones en Petrobras comenzaron en marzo, bajo el nombre "Lava Jato". Según denuncias de detenidos por la causa, que colaboran para reducir sus condenas, el esquema entre constructoras y directores de la empresa estatal alimentaba el financiamiento de campañas de políticos.
Miles de millones. Las denuncias conocidas hasta ahora indican que los recursos desviados entre 2003 y 2012, periodo que coincide con el gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y un año del de Rousseff, rondan los 10 mil millones de reales (unos 3.930 millones de dólares). Es el resultado de sobrefacturación de obras y contratos de Petrobras, fondos con los que se sospecha que se pagaban coimas a legisladores y partidos políticos.
Delator. Todo comenzó cuando Paulo Roberto Costa, exdirector de Abastecimiento y Refinación de Petrobras, encarcelado por pertenecer a una red de lavado de dinero, denunció para reducir su pena un mecanismo de pago de coimas a políticos vía contratos con la petrolera. Acusó de participar en el esquema de corrupción a más de 50 legisladores, gobernadores, al ministro de Energía, en su mayoría del Partido de los Trabajadores y de dos partidos de la coalición gobernante. Todos niegan las acusaciones.
