Dilma no quiere que se dilate la discusión sobre “impeachment”

Brasilia. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reclamó ayer al Congreso de su país que el proceso para definir si será sometida a un juicio con miras a su eventual destitución termine "lo más rápido posible", porque el país "no puede quedar esperando" por una decisión. Por ello, pidió que no haya receso de la actividad legislativa en enero. Rousseff dio una conferencia de prensa después de recibir el aval y los argumentos de una treintena de juristas y especialistas que se opone al juicio político en su contra, y apenas antes de que su antecesor y mentor, Luiz Inácio Lula Da Silva, volviera a respaldarla de modo contundente.La jefa del Estado pidió que el Congreso suspenda el receso que tiene previsto entre el 22 de diciembre y el 2 de febrero, para que avance el complejo proceso para determinar si debe responder a un juicio político. La Cámara de Diputados, en tanto, pospuso hasta hoy la conformación de la comisión que debe analizar la conducta de la mandataria."Creo que no debería haber receso, pues vivimos un momento en que no tenemos el derecho de parar al país hasta el 2 de febrero", dijo la mandataria, y aunque consideró "justo y legítimo" que las cámaras legislativas descansen durante las fiestas de fin de año, evaluó que pueden "volver a funcionar a inicios de enero, retomar su actividad y juzgar todas las cosas que están pendientes".Rousseff insistió en que las maniobras fiscales que el gobierno realizó en algunos balances de años pasados, y que según los órganos de contraloría del Estado fueron "irregulares", no alcanzan para iniciar un proceso de destitución, aunque subrayó que esas cuentas deben ser analizadas y rechazadas o aprobadas por Diputados y el Senado.Rousseff habló tras reunirse con unos 30 juristas. La presidencia divulgó una nota que afirma que todos los especialistas rechazaron su posible enjuiciamiento, porque en la acusación "no están presentes los requisitos constitucionales y legales necesarios para configurar un eventual delito de responsabilidad".El pedido de apertura del proceso para destituir a Rousseff tuvo el miércoles el visto bueno del titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien dio curso a la presentación de Hélio Bicudo, un fundador del PT que dejó el partido en 2005, y Miguel Reale Júnior, quien fue ministro durante el gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso.La apertura formal del proceso debe ser decidida por una comisión especial de la Cámara de Diputados, formada por 65 legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria, que iba a instalarse ayer pero cuya conformación fue postergada hasta hoy. La Cámara Baja tenía ásperas negociaciones para definir los nombres de los 65 diputados de la comisión especial, y oficialismo y oposición se disputaban el apoyo de movimientos sociales para ejercer presión en contra o a favor del impeachment. Por su lado, el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) volvió a mostrar su impulso al juicio.