Dilma convocó a un pacto nacional, a horas de una semana crucial

Brasilia. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, convocó a un pacto nacional bajo la premisa de que se respete a los electores y sostuvo que la oposición está "creando un ambiente propicio para un golpe" al rechazar acusaciones atribuidas a la empresa constructora Andrade Gutiérrez, que indican que la donación de campaña de las elecciones de 2014 tuvo origen en sobornos en obras públicas. "Brasil necesita actualmente de un gran pacto porque el país superó momentos difíciles haciendo pactos, pero ningún pacto o entendimiento prosperará si no tiene como premisa el respeto a la legalidad y a la democracia", dijo, al calificar como "golpe de Estado" el juicio político que se le sigue en la Cámara de Diputados.Al encabezar en el Palacio del Planalto el Encuentro de Mujeres por la Democracia, donde confluyeron grupos feministas, mujeres campesinas y sindicalistas, se pronunció sobre la crisis política, un día después de que el diputado instructor de su juicio político recomen­dara abrir el proceso de destitución por delitos de responsabilidad fiscal."Quiero un pacto nacional porque gobierno para 204 millones de ciudadanos y, por lo tanto, la intolerancia y el odio no sirven al gobierno responsable. El pacto que busco es volver a crecer y entregar a mi sucesor un país mucho mejor al actual el 1° de enero de 2019", dijo ante la ovación en el Planalto.La mandataria aumentó el tono político al rechazar la divulgación hecha por Folha de Sao Paulo de la delación premiada del expresidente de la constructora Andrade Gutiérrez, el corrupto confeso Otávio Marques de Azevedo, quien afirmó que donó legalmente dinero a la campaña a la reelección de Rousseff en 2014 proveniente de sobreprecios en contratos obtenidos mediante sobornos en Petrobras y en la hidroeléctrica de Belo Monte.El juez del Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, encargado del caso en el Supremo Tribunal Federal, homologó el acuerdo de delación premiada (acuerdo de reducción de pena a cambio de información) del ejecutivo, lo cual abre el frente de parte de la oposición que apuesta a que la Justicia electoral, si encuentra irregularidades en la campaña de Rousseff de 2014, anule a la fórmula vencedora.

Rousseff advirtió que de cara al 17 de abril, cuando se prevé que el pleno de la Cámara de Diputados vote sobre si activa el juicio político y lo remite al Senado, “habrá filtraciones oportunistas y selectivas, premeditadas, para crear un ambiente propicio para el golpe”.

Según la presidenta, “lo que está en juego en este momento es el respeto de las reglas democráticas, porque intentar derrocar a una presidenta electa que no ha cometido delitos es un insulto a todos los electores”.

También hizo referencia al ahora opositor vicepresidente Michel Temer y su plan en caso de asumir: “No será, advirtió, un gobernante elegido el que será destituido, sino que será la propia democracia que quedará desmoralizada”.

“Es un golpe disimulado con un pretendido barniz de legalidad, pero es pura y simplemente un golpe”, sostuvo mientras las mujeres cantaban contra Temer y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien autorizó el juicio político según el gobierno por “venganza” por no recibir apoyo de la mandataria ante las acusaciones de haber recibido sobornos en cuentas de Suiza.

Sobre las donaciones, el portavoz del gobierno, Edinho Silva, quien fue tesorero de la campaña de Rousseff, rechazó la hipótesis de que el dinero de campaña pueda haber sido producto de sobornos o negociaciones irregulares.

Recurso. El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, dijo que el gobierno apelará a la Justicia si avanza el proceso para un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, que volvió a calificar de "nulo e ilegal". Cardozo descalificó el informe del diputado instructor Jovair Arantes, que a su juicio refleja una situación "jurídica absolutamente fantasiosa, irreal e inconsistente". Arantes aceptó la acusación opositora de que Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales.