Cuenta regresiva para la infanta Cristina
El juez instructor se apresta a anunciar si imputa a la hija del rey Juan Carlos en el “caso Nóos”. Desde la Casa Real, piden que se cierre ya el sumario tras tres años de pesquisas y escándalo.
Palma de Mallorca. José Castro, juez instructor del caso Urdangarín, emitirá esta semana, a partir de hoy, un auto en el que despejará la gran incógnita: si imputa, o no, a la infanta Cristina en las diligencias que abrió hace tres años contra su marido por corrupción. El juez Castro trabaja desde hace 11 días en la redacción del auto. Castro ha mantenido en los últimos meses "una línea de investigación tendiente a acreditar, o descartar" si la infanta cometió blanqueo de capitales y también un delito fiscal. Las pesquisas concretas sobre Cristina las abrió Castro hace ocho meses, después de que la Audiencia de Palma de Mallorca le bloqueara y anulara, en mayo de 2013, un auto en el que sí imputaba a la hija del rey Juan Carlos. La Audiencia señaló entonces a Castro que con los elementos que constaban en la causa no cabía en ese momento la imputación. Y lo exhortó a explorar la actividad económica y tributaria de Cristina entre 2002 y 2012 para ver si de ella cabía deducir alguna imputación. Y en ello ha estado Castro en los últimos ocho meses. El sábado, Rafael Spottorno, jefe de la Casa del rey, en una entrevista en TVE, señaló que los tres años de instrucción del caso Nóos han sido "un martirio". "Hay que confiar en la Justicia. Nosotros siempre hemos respetado las actuaciones del magistrado. Y lo único que pedimos es que termine pronto. (...) Entiendo que se han hecho todas las diligencias que debían hacerse y pienso que el señor magistrado entenderá que está ya en condiciones (...) de cerrar el sumario", indicó Spottorno.A instancias del juez Castro, la actividad financiera y tributaria de Cristina de Borbón ha sido investigada por la Agencia Tributaria y por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía. Aunque no está imputada, la infanta sí figura personada en la causa a través de sus abogados, que suelen refutar los escritos de Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarín. La postura de Torres es que si su esposa fue imputada por Castro, lo mismo ha de ocurrir con la infanta, pues ambas tenían la misma intervención en las sociedades mercantiles de sus maridos.
Visiones encontradas
El juez Castro tiene sobre su mesa desde hace semanas informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado que concluyen que no hay indicios suficientes como para imputar a doña Cristina. La acusación popular, que ejerce el sindicato Manos Limpias, sí pide la imputación de la hija del monarca. Sostiene que ella conocía los turbios tejemanejes de su esposo y Diego Torres. A través del Instituto Nóos –entidad que se declaró sin ánimo de lucro–, Torres y Urdangarín se embolsaron seis millones de euros de caudales públicos por sus relaciones privilegiadas con los gobiernos de Baleares, en la época del expresidente Jaume Matas, y la Comunidad Valenciana, en tiempos de Francisco Camps, ambos del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.
La última palabra la tiene el juez. Si imputa a la infanta, la llamará a declarar. No obstante, una eventual imputación es recurrible y podría ser bloqueada, otra vez, por la Audiencia de Palma. La imputación de alguien no significa una condena. Sólo son indicios.
A juzgar por sus actos, Castro trabaja desde hace tiempo en la hipótesis de una previsible imputación. Entiende que hay que “evitar que la incógnita (sobre el rol de la infanta) se perpetúe”. El juez se posicionó así cuando decidió, en abril de 2013, que doña Cristina de Borbón declarara por su cooperación, indirecta, con los supuestos negocios sucios de su marido. Urdangarín y su exsocio Diego Torres están imputados por corrupción desde hace más de dos años, y es previsible que ambos deban sentarse en el banquillo de los acusados en compañía del expresidente de Baleares, que les facilitó dinero público.
El fiscal reclamará quizá penas de más de 12 años de cárcel para Urdangarín y Torres. Ambos cargan ya con una fianza civil de más de seis millones de euros, dictada por el juez Castro y luego ratificada por la Audiencia, para resarcir a la Administración en caso de condena.
*El País, de Madrid
