Tensión. Crisis en Bolivia: el Congreso autorizó al Ejército para intervenir ante el bloqueo nacional de rutas
Tras cinco semanas de protestas que mantienen al país en vilo, la Cámara de Diputados avaló el uso de las Fuerzas Armadas para despejar los caminos. El presidente Rodrigo Paz evalúa declarar el estado de excepción frente a la peor crisis económica en 40 años.
En una sesión maratónica de 15 horas que culminó este domingo por la madrugada, el Congreso de Bolivia autorizó al presidente Rodrigo Paz a desplegar al Ejército para desbloquear las rutas nacionales.
La medida busca normalizar el tránsito en al menos 80 puntos estratégicos que permanecen cortados por campesinos, mineros y transportistas, lo que dejó a ciudades como La Paz y El Alto en una situación crítica.
Un marco legal con "presunción de legalidad"
La nueva ley, que ya contaba con el aval del Senado, introduce un artículo clave: la "presunción de legalidad" para los efectivos militares y policiales durante el estado de excepción.
Esto implica que el Estado asumirá su defensa legal ante posibles procesos judiciales derivados del uso de la fuerza, una medida diseñada para evitar que se repitan procesos penales como los sufridos por jefes militares tras la crisis de 2019.
El diputado oficialista Carlos Alarcón defendió la norma asegurando que es necesaria para proteger los derechos ciudadanos frente a una violencia que "nos está destrozando".
Desabastecimiento y tensión social
La parálisis del país provocó una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles. En las principales ciudades, las filas en las estaciones de servicio son interminables, con conductores que duermen en sus vehículos esperando cargar nafta o diésel.
Aunque el presidente Paz cumplió apenas seis meses en el poder, los manifestantes pasaron de exigir mejoras salariales a pedir directamente su renuncia. El conflicto ya dejó saldos violentos, como el reciente enfrentamiento en San Julián, donde el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía resultó en 20 heridos, entre uniformados y civiles.
El factor político
El Gobierno apunta directamente contra el exmandatario Evo Morales como el instigador de las protestas. Por su parte, Morales se mantiene en la región del Chapare, negando las acusaciones y evitando una orden de captura por un caso de presunta trata de menores.
Mientras el presidente Paz analiza declarar formalmente el estado de excepción para restringir las libertades de reunión y movilización, el jefe legislativo Roberto Castro confirmó que la ley ya fue enviada al Ejecutivo para su inmediata promulgación.
