Corte Suprema. Ciudadanía por nacimiento en EE.UU.: qué pasó con el decreto de Trump y en qué etapa se encuentra

La disputa judicial por la orden ejecutiva de Donald Trump que busca restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos entró en su tramo decisivo. El 1 de abril de 2026, la Corte Suprema celebró los alegatos orales en el caso Trump v. Barbara, donde deberá resolver si el presidente puede, mediante decreto, limitar un derecho reconocido por la Decimocuarta Enmienda.

El dato político e institucional más llamativo fue la presencia del propio Trump en la audiencia, un hecho sin precedentes para un presidente en ejercicio. Permaneció durante la exposición del gobierno y se retiró antes del cierre.

La pregunta central es si la Casa Blanca puede reinterpretar la cláusula constitucional que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense y sujeta a su jurisdicción es ciudadana.

La administración Trump sostiene que los hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales solo deberían recibir ciudadanía automática si sus padres tienen “domicilio legal permanente” en EE.UU.

Sin embargo, durante la audiencia varios magistrados —incluidos Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y John Roberts— cuestionaron con dureza esa lectura, al señalar que la Constitución protege el derecho del hijo y no condiciona el estatus al tipo de residencia de los padres.

Una de las frases más citadas fue la de Roberts, cuando respondió al argumento del gobierno sobre una “nueva realidad migratoria”:

“Es la misma Constitución”.

La ofensiva legal comenzó el 20 de enero de 2025, cuando Trump firmó la Orden Ejecutiva 14160, con la intención de negar la ciudadanía a bebés nacidos en EE.UU. cuyos padres estuvieran en situación irregular o con visas temporales.

La medida fue frenada casi de inmediato por tribunales federales.

23 de enero de 2025: un juez en Seattle la bloqueó y la calificó de “flagrantemente inconstitucional”.

Febrero de 2025: otros tribunales en Maryland, Massachusetts y New Hampshire dictaron medidas similares.

27 de junio de 2025: la Corte Suprema limitó los bloqueos universales, pero dejó abierta la vía de las demandas colectivas.

10 de julio de 2025: el juez federal Joseph Laplante, en New Hampshire, volvió a bloquear la medida a nivel nacional mediante una class action.

Julio y agosto de 2025: nuevos fallos en el Noveno Circuito, Massachusetts y Maryland reforzaron la protección para todos los bebés nacidos en EE.UU.

Hoy, cualquier bebé nacido en territorio estadounidense continúa siendo ciudadano automáticamente, salvo las excepciones históricas ya reconocidas por la ley (por ejemplo, hijos de diplomáticos extranjeros).

La propia administración reconoce en memorandos internos que la orden no puede aplicarse mientras siga vigente la cautelar federal nacional.

Tras la audiencia del 1 de abril, los jueces entraron en la etapa de conferencias privadas y redacción de opiniones. Por el calendario habitual de la Corte Suprema, el fallo debería conocerse entre finales de junio y comienzos de julio de 2026.

Todo indica, por el tono de las preguntas en la audiencia, que existe una mayoría inclinada a preservar el criterio histórico de la ciudadanía por nacimiento, vigente desde hace más de 125 años bajo el precedente United States v. Wong Kim Ark.

Si la Corte validara la orden, miles de bebés nacidos en EE.UU. cada año podrían quedar sin ciudadanía automática, lo que abriría un escenario inédito de litigios migratorios, problemas con pasaportes, números de seguro social y posible apatridia en algunos casos.

Por eso, el caso es observado como uno de los expedientes constitucionales más trascendentes del año en Estados Unidos.