Ayotzinapa: un crimen de Estado que es símbolo de impunidad en México
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur del país azteca en 2014 tiene procesado a un exprocurador por primera vez en la historia mejicana y puso en evidencia una trama impúdica de corrupción y violencia.
Cansado, cada vez más encorvado en su silla y con la cabeza entre sus manos. Así recibió Jesús Murillo Karam la noticia de ser el primer exprocurador general de México en ser procesado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México en 2014.
El caso, calificado recientemente por el actual gobierno mejicano como “crimen de Estado”, se convirtió en todo un símbolo en un país con más de 100 mil desaparecidos y donde todavía imperan altísimos grados de impunidad, de corrupción y de violencia. La audiencia contra el exprocurador dejó ver las entrañas de esa realidad.
En ella, la fiscalía describió una procuraduría donde se falsificaban documentos para “cuadrar” la versión que convenía, funcionarios que grababan torturas en video –se desconoce con qué fin– y jefes investigadores que manipulaban escenas de los hechos.
Todo, insistió el Ministerio Público, bajo la supervisión de Murillo Karam, a quien acusan de urdir e inventar toda una verdad paralela sobre la desaparición de los jóvenes a través de torturas generalizadas y manipulación de pruebas para acallar el clamor social que había a fines de 2014 por la desaparición de los 43 estudiantes de una escuela de magisterio, la normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
La fiscalía mostró cómo Murillo Karam, tal vez pensando que nunca sería llamado a rendir cuentas, informó en una conferencia de prensa de los testimonios de unos detenidos –que serían claves para su tesis–, aunque ellos se veían maltratados y rindieron declaración al día siguiente.
Sus defensores argumentaron que era ilógico pensar que un exprocurador fuera a declarar ante los medios hechos que eran fruto de irregularidades. Pero después pidió no considerar esas conferencias de prensa como prueba, algo que el juez denegó.
En otro país podría considerarse increíble plantear como tesis oficial la que Murillo Karam calificó de “verdad histórica’”: que 43 cuerpos habían sido amontonados por unos criminales en un basurero e incinerados en una inmensa hoguera antes de arrojar sus restos en bolsas en un río. Pero en México, no dejan de aparecer fosas llenas de huesos humanos calcinados que sólo se pueden contar por kilos.
Mentira verdadera
El exprocurador, más delgado que cuando estaba en funciones, vestido con chamara y pantalones beige, que identifica a los presos en México, reconoció que pudo haber errores y que algunas cosas se hicieron mal pero insistió en su verdad, la de la gran incineración en el basurero, pese a todo lo escuchado en la audiencia.
Y, ante una de las intervenciones de la fiscalía, arremetió contra los expertos internacionales que fueron los primeros en cuestionar su tesis. “Desde hace seis o siete años, han buscado una alternativa, han inventado muchas y todas se caen”, aseguró.
Su versión también se cayó. Aunque tres estudiantes de Ayotzinapa fueron identificados a partir de fragmentos óseos quemados, primero los expertos internacionales y luego la actual fiscalía mejicana echaron por tierra la versión del basurero. Confirmaron que el crimen no fue sólo una acción de policías locales y criminales que pudieron confundir a los estudiantes con integrantes de una banda contraria, sino que fue un operativo muy organizado donde participaron también autoridades estatales, federales y militares y, tras el cual, hubo toda una estrategia para ocultar la verdad.
Una cosa que nadie le discute a Murillo Karam es que no se ha podido llegar a una explicación de lo ocurrido con los muchachos –aunque no hay evidencias de que estén vivos–, ni sobre el móvil del crimen, aunque la Comisión de la Verdad ha revivido la hipótesis de que pueda estar vinculado al tráfico de heroína que tiene lugar desde esa región hasta Estados Unidos.
Quedan por cumplirse más de 80 órdenes de captura, 20 de ellas a militares, cuyo papel en el caso sigue siendo un gran enigma. Además, quedan por entregarse a la Justicia bitácoras y archivos de las Fuerzas Armadas con los cuales la fiscalía espera contar en los próximos tres meses, el plazo dado por el juez para ampliar la investigación contra Murillo Karam.
En los últimos años, decenas de procesados por el caso Ayotzinapa han quedado en libertad porque las numerosas irregularidades procesales y torturas confirmadas invalidaron los procesos.
