Argentina presa en Rusia fue acusada de piratería

Buenos Aires, Moscú. La Justicia rusa acusó ayer de piratería a la activista argentina Camila Speziale, quien participó de la protesta contra la extracción de petróleo en el Artico junto con Hernán Pérez Orsi, también argentino, y otros 28 integrantes de la organización ecologista Greenpeace.  Ayer se esperaba la presentación de una carta de garantía del gobierno argentino para que la joven permanezca en libertad mientras se tramite el juicio.La organización ambientalista informó que, hasta ayer a la tarde, eran 14 los activistas acusados del delito de piratería, que prevé una pena de hasta 15 años de prisión, de los 30 que están detenidos en una cárcel en Murmansk, al noroeste de Rusia. Speziale, de 21 años, estudiante de fotografía y residente en el barrio porteño de Caballito, milita en la ONG desde hace cuatro años y ésta era su primera misión en el exterior. Entre los acusados de manera formal por el tribunal de Murmansk figuran el reportero audiovisual británico Kieron Bryan, que viajaba en el Artic Sunrise para documentar las acciones, y el fotógrafo ruso Denis Sinyakov, que intentaba documentar la protesta. La organización ecologista consideró que estos cargos "son extremos y desproporcionados" y que "suponen un ataque contra el derecho de protesta pacífica", ya que "no tienen ningún sustento según la legalidad rusa e internacional". El director ejecutivo de Greenpeace en Argentina, Martín Prieto, dijo que la piratería "es uno de los delitos más graves que tienen los códigos penales del mundo" y consideró que "es inadmisible que se aplique a 30 pacifistas que fueron a protestar de modo inofensivo". Prieto indicó que Speziale y Orsi "permanecen detenidos e incomunicados" y que "está confirmada la acusación de piratería contra Camila, y es probable que la Justicia rusa también la confirme contra Hernán".Los hechos que motivaron la acusación ocurrieron el 19 de septiembre, cuando los ambientalistas intentaron escalar la plataforma petrolera de la empresa Gazprom, ubicada en el Ártico, para alertar sobre el peligro que la actividad implica en esa zona, rodeada de tres reservas naturales. Al persistir en el intento, la Guardia Costera los detuvo, remolcó el buque hasta la bahía de Murmansk y toda la tripulación quedó a disposición de la Justicia, que fue disponiendo dos meses de prisión preventiva a medida que declaraban, según dijeron, por "peligro de fuga".Greenpeace espera de que los países a los que pertenecen los 30 activistas detenidos presenten "cartas de garantía ante el gobierno ruso para que puedan permanecer en libertad mientras se tramiten sus juicios".En las cartas se pide la liberación mientras dure el juicio, haciéndose cargo el embajador de cada país de que la persona no se fugue de Rusia."En el caso de Argentina, las cartas ya están firmadas y las presentaría el embajador", afirmó Prieto, quien expresó que los activistas "son acusados, arbitrariamente, de la comisión de un delito que no se configura ni en la Convención del Mar ni en el Código Penal ruso".

Normas vigentes. "El artículo 101 de la Convención del Derecho del Mar, que es una convención dentro del marco de Naciones Unidas, como el artículo 227 del Código Penal ruso exigen que se cumplan condiciones que no se configuran. Se busca amedrentar las protestas contra la actividad contaminante en el Ártico, sentar una sanción absolutamente cruel y desproporcionada para que nadie se atreva a volver a protestar en una plataforma en el Artico", consideró Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace en Argentina.

La visión de Putin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo el 25 de septiembre: "No conozco detalles de lo que pasó, pero es totalmente evidente que no son piratas".