El fiscal Anticorrupción N° 1 de Córdoba capital, Matías Bornancini, archivó por inexistencia de delito la denuncia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público del presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, tras el recital del cantante “Pity” Álvarez a fines del año pasado en el estadio Kempes.
Tras siete años alejado de los escenarios, Cristian Gabriel Álvarez Congiú, más conocido como “Pity” Álvarez, tocó ante 35 mil personas en Córdoba. Pero su show de tres horas no pasó inadvertido para el fiscal general Sandro Fabio Abraldes ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Abraldes es quien lleva adelante la acusación contra el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, que deberá ser juzgado por el homicidio agravado de Cristian Díaz en 2018 en Villa Lugano y la privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas de su mánager y una amiga.
De acuerdo con la acusación, Álvarez y Díaz discutieron y “Pity” le disparó en la cabeza. En la mecánica, Díaz cayó al piso y el músico lo asesinó de tres disparos hacia la misma zona y, luego, huyó.
Según el peritaje, la víctima murió por “lesiones por proyectiles de arma de fuego en región cefálica y hemorragia interna”.
El inicio del juicio estaba previsto para 2021, pero el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 lo suspendió luego de que el Cuerpo Médico Forense determinara que el cantante padecía una "incapacidad sobreviniente".
Búsqueda de pruebas en Córdoba
Para recabar pruebas del estado de Álvarez en el show en Córdoba, el fiscal envió el 20 de diciembre de 2025 (día del recital) un oficio electrónico a Calleri por el que le solicitó que arbitrara todos los medios para habilitar y asegurar el ingreso de cuatro policías de la División Operaciones Técnicas Especiales de la Policía Federal al Kempes. Los efectivos tenían la orden de filmar con audio el concierto.
El mismo 20, el fiscal recibió un correo (en un archivo de Word, sin firma) en el que se informaba que el evento estaba a cargo de En Vivo Producciones SA, responsable del control de ingreso al predio (la otra productora organizadora fue Pop Art Music, con Enigma Tickets S como encargada de la venta de los tickets).
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Según Abraldes, los policías tuvieron serias dificultades para entrar al estadio pero lograron hacerlo gracias a una gestión telefónica entre el representante legal de la productora, Amadeo Zanotti, y uno de los funcionarios de la fiscalía.
El fiscal dijo que Calleri no habría realizado ninguna gestión y que los allegados de Álvarez también habrían tomado conocimiento de la diligencia policial. Eso, según el instructor porteño, habría llevado a que la defensa del cantante, horas antes del show, realizara gestiones para impedir la tarea policial mediante comunicaciones con Córdoba Deportes.
Desestimación de Anticorrupción
El fiscal Anticorrupción Bornancini archivó la denuncia por inexistencia de delito por la “evidente discrepancia entre el relato de la denuncia y la realidad fáctica demostrada”.
Sostuvo que el fiscal porteño sabía que En Vivo Producciones estaba a cargo del evento, ya que así figuraba en el contrato de cesión de instalaciones y “paradójicamente” del certificado del actuario de la fiscalía de Buenos Aires del 9 de diciembre.
“Es decir, mucho tiempo antes del intercambio de correos electrónicos entre la fiscalía y la Agencia. Además, ello también fue puesto en conocimiento de la fiscalía por parte de la Agencia, conforme la respuesta al oficio del 20 de diciembre”, explicó Bornancini.
El vicepresidente de la agencia, Luis Calvimonte, aclaró al fiscal cordobés que el derecho de admisión y control de ingreso en estos eventos corresponde de forma habitual a la empresa organizadora, no a la agencia.
Mencionó que el día del show los policías ingresaron al estadio mucho antes de la hora solicitada por la fiscalía porteña (el pedido de entrada era para las 18) porque se contactaron con el apoderado de En Vivo Producciones, Amadeo Zanotti, a las 16.
Calvimonte declaró que, para dar cumplimiento a la orden de Abraldes, él personalmente ubicó a los policías en un sector del estadio utilizado para la televisación de eventos deportivos a fin de que tuvieran acceso a luz y wifi. Y que él vio a los policías utilizar elementos de filmación, con la asistencia de una empleada de la productora.
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Calvimonte destacó que les sorprendió en la Agencia que el fiscal porteño presentara la denuncia, porque todo se había desarrollado con mucha normalidad. “Por todo ello, se afirma que la presente debe ser archivada por inexistencia del delito. No se han hallado pruebas ni indicios materiales que permitan sostener la hipótesis inicial, quedando la denuncia como un relato aislado y desvirtuado por la evidencia técnica”, sostuvo Bornancini.
“La certeza sobre la inexistencia del suceso impide continuar con el ejercicio de la acción penal, evitando así un dispendio innecesario y el mantenimiento de una sospecha infundada sobre el denunciado”, concluyó y archivó la denuncia.
Pedido del fiscal para reanudar el juicio a Álvarez
Días atrás, el fiscal porteño pidió reanudar de manera inmediata el juicio contra Álvarez y fijar fecha a la brevedad.
En su dictamen, la fiscalía propuso que las audiencias de debate no se extiendan más de tres horas, en línea con lo que fue la duración del recital que Álvarez dio en Córdoba, ya que se trata de un lapso en el cual ha demostrado “ser capaz de manejar, con un adecuado trabajo sobre sus competencias de organización, su atención y concentración”.
Abraldes destacó que en marzo pasado, un equipo conformado por médicos y psicólogos dio cuenta de que el cantante “dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal”.
Por otra parte, los peritos de la defensa argumentaron que no se encuentran dadas las condiciones para sostener “con suficiencia técnica” cómo será el desempeño cognitivo del acusado durante el juicio.
