Privilegios en revisión

Las autoridades del Parlamento de España se han visto forzadas a encarar una reforma de las condiciones económicas de los diputados y senadores nacionales de ese país. Los presidentes del Congreso y el Senado han puesto en marcha el procedimiento para modificar lo que se ha dado en llamar "privilegios de los parlamentarios", a pesar de que todos los partidos se habían negado hasta ahora a hacerlo.Sólo la diputada Rosa Díez (UPyD) había presentado una iniciativa en este sentido, pero se había encontrado siempre con el muro infranqueable del rechazo de todas las demás bancadas que niegan que disfruten de privilegios. Como se ve, las respuestas corporativas no son patrimonio de los argentino o de los cordobeses. Se trata de una práctica extendida a Europa por lo menos. Ahora, forzados por la presión en un momento de crisis económica en la que los propios parlamentarios votan y aprueban recortes en las jubilaciones del resto de ciudadanos, José Bono y Javier Rojo, los titulares de ambas cámaras, han decidido ir más allá.Ambos remitieron hace unos díasa los portavoces de todos los bloques legislativos sendas cartas en las que les piden propuestas sobre el sistema de salarios de los parlamentarios, sobre su régimen de incompatibilidades y también sobre la transparencia de sus bienes. En 15 días recibirán las propuestas y comenzarán a elaborar las reformas necesarias, si hay consenso entre las diferentes bancadas.Hace menos de un mes, la Mesa del Congreso rechazó la posibilidad de modificar el sistema de complemento de pensiones. El PSOE y el PP rechazaron cambiarlo, sin ningún tipo de discusión sobre el tema.Hace unos días, el titular del Congreso decidió estudiar la modificación y se lo trasladó al Gobierno. Se habló de ello en el Consejo de Ministros porque Ramón Jáuregui, ministro de Presidencia, informó al resto de miembros del Gobierno. Y, posteriormente, Bono trasladó esta posición a Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero, antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en previsión de que fuera consultado sobre el polémico tema. Sin embargo, nadie le preguntó y Rubalcaba no dio ningún tipo de detalles sobre un eventual análisis de la reforma.Cuando promediaba este mes, el presidente del PP, Mariano Rajoy, sorprendió a todos cambiando su posición y proponiendo en la convención de su partido la supresión del complemento de pensiones. Posteriormente, Bono y Rojo remitieron la carta a los portavoces, lo que supone ralentizar el proceso pero, al menos, es un primer paso para ponerlo en marcha y darle carácter oficial. Incluyen un asunto sobre el que ya se habló, pero sin avances: el de la transparencia de las actividades de los diputados. Hace un año, después de que el diario El País de Madrid develara el listado completo, se levantó el secreto sobre las actividades profesionales de los diputados al margen del Parlamento, y ahora se trata, además, de que se haga público su patrimonio. En Cámaras autonómicas como las de Andalucía y Castilla-La Mancha ya se publican los bienes de los parlamentarios. También lo hacen desde hace un año los ministros. En Argentina, en varias provincias –entre ellas Córdoba– existe la posibilidad de conocer los patrimonios de funcionarios y legisladores, aunque a veces los procedimientos son bastante engorrosos.En España, todos los partidos se mostraron partidarios a la reforma de sus pensiones y a la transparencia de sus bienes. Hasta ahora se habían negado, pero una vez abierta esa puerta ninguno está dispuesto a asumir el costo político de oponerse. Lo que sí pueden hacer es intentar ralentizarlo o esperar a que pase la presión.La carta de Bono y Rojo incluye también la posibilidad de endurecer el régimen de incompatibilidades de diputados y senadores. Teóricamente, la ley les exige dedicación exclusiva: sólo permite compatibilizar el cargo con la actividad docente remunerada y sólo pueden recibir más ingresos públicos como alcaldes o concejales. La ley obliga a que cualquier otra actividad tenga que ser autorizada por la Cámara, pero con una redacción tan ambigua y llena de excepciones que prácticamente se conceden todas las compatibilidades solicitadas. Tampoco hay comprobación de las solicitudes, de tal forma que hay compromiso de no cobrar de empresas que contraten con las administraciones pero se aceptan tal cual las explicaciones. Se trataría ahora de racionalizar y clarificar ese régimen de incompatibilidades. La semana pasada se rechazó en el pleno una proposición de ley de Gaspar Llamazares (IU) para endurecer esas condiciones. Características del complemento. El actual sistema de complementos de pensiones se pensó para parlamentarios con muchas dificultades económicas, una minoría. No lo cobran al dejar de ser diputados o senadores, sino al alcanzar los 65 años y sólo si no llegan a la pensión máxima. La enorme mayoría la alcanza por sus propios medios, ya que cotizan al máximo al tratarse de funcionarios o profesionales liberales de alto nivel. El Congreso y el Senado destinan más de un millón de euros al año para abonar estos complementos, según manifestaron fuentes del congreso de España. Hasta febrero del año pasado habían recibido el complemento 70 de los 3.609 parlamentarios que han ocupado un escaño desde 1977, cifra que a la actualidad se eleva a 81. Los parlamentarios con más de 11 años de servicio en el Congreso o en el Senado reciben un complemento para alcanzar el 100 por ciento de la pensión máxima. Para los que han estado entre nueve y 11 años, el complemento alcanza hasta el 90 por ciento de esa prestación; y hasta el 80 por ciento si su presencia ha sido de entre siete y nueve años. El resto de los ciudadanos españoles necesita realizar aportes durante 35 años para acceder a la pensión completa. El Gobierno de ese país está negociando con los agentes sociales una reforma que podría elevar este requisito varios años más.