Decara pide urgente tratamiento de la ley de protección de usuario de servicios públicos
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba instó a las autoridades legislativas a dar atención al proyecto para garantizar prestaciones como el transporte de pasajeros, entre otros.
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Mario Decara, pidió el urgente tratamiento del proyecto de ley de protección del usuario de servicios públicos.
Decara presentó ese proyecto a mediados de agosto del 2014, ante la situación de tensión y malestar social generado por otra medida de fuerza “intempestiva” de la UTA, similar a la de este lunes 6 de abril, y en un contexto de coacción en el que ese gremio amenazaba todas las semanas con un nuevo paro.
A los fines de analizar el proyecto, las autoridades legislativas convocaron al Defensor del Pueblo, al Ministerio de Trabajo, a legisladores, representantes gremiales y de las empresas concesionarias, a los fines de conformar una comisión multisectorial y trabajar en una reglamentación de la norma que surja del consenso de todas las partes.
En esa reunión se acordó también que, hasta que estuviera listo ese documento legislativo, las autoridades de la Unicameral no darían tratamiento en el recinto a la propuesta de Decara.
Ante la falta de actividad de esa comisión, que “no volvió a reunirse ni los participantes mostraron avances ni propuestas”, según informó la Defensoría del Pueblo, Decara reiteró numerosas veces el pedido de convocar a las partes.
Nuevo pedido
Este lunes, a las puertas de otro conflicto que se presentaba como insalvable por la dura postura mostrada por los delegados de la UTA, el Defensor del Pueblo reiteró el pedido a las autoridades de la Unicameral y de cada uno de los bloques que la integran, de convocar a la Comisión y dar tratamiento definitivo al tema de manera impostergable y a la mayor brevedad posible
El proyecto del Defensor del Pueblo, presentado a los pocos días de haber comenzado su segunda gestión frente a la institución, busca “garantizar a los ciudadanos el goce de los derechos constitucionales a la vida, salud, libertad, educación, justicia, acceso a la energía eléctrica y al agua potable, cuando su prestación se vea afectada por el ejercicio de una medida de acción directa derivada de un conflicto laboral”.
La iniciativa propone también incluir al transporte público de pasajeros como servicio esencial porque “constituye un medio necesario para el ejercicio y protección de otros derechos esenciales”.
