“No le están dando una limosna, es un derecho”

Silvia Calderón asegura que no va a bajar los brazos hasta que no vea que su hijo Carlitos (6) tenga la misma oportunidad de estudiar que sus compañeros.

Desde el año pasado, Silvia pelea para que el niño con una discapacidad de nacimiento tenga una maestra integradora en la escuela Justo Páez Molina de Villa Azalais. Como no tiene obra social, no puede elegir la docente de apoyo.

Entonces, peregrina por oficinas estatales reclamando por el derecho de su hijo. Carlitos tiene un leve retraso mental y motriz. Su mamá se enfermó de toxoplasmosis durante el embarazo, lo que le provocó una agenesia del cuerpo calloso. “No se le formó el puente que une los dos hemisferios cerebrales”, explica Silvia.

A pesar de su retraso, Carlitos cursó el jardín de infantes casi solo. La maestra integradora llegó recién en octubre, después de reclamar todo el año.

Carlitos recibe asistencia y rehabilitación en el Hospital de Niños. Allí también le recomendaron el apoyo de una docente especial en la escuela común.

El año pasado, además, Carlitos se enfermó de Síndrome Urémico Hemolítico (el “mal de la carne cruda”) y quedó con secuelas.

Silvia no recibe pensión ni cobra los 180 pesos de la asignación por hijo, pese a que le corresponderían. No tiene trabajo en blanco ni obra social.

“Carlitos necesita la maestra integradora para que adapte la currícula para él. Si bien la maestra de grado pone todo su empeño, él aprende en tiempo y forma diferente”, explica Silvia.

La maestra de primer grado de Carlitos, Teresita Bartolomé, coincide en la necesidad de un apoyo para que el niño avance. “Hay cosas que él ya sabe. No he tenido problemas, pero ¿cómo hacemos con los contenidos que vienen? Eso me lo tiene que dar una psicopedagoga o una maestra especial. Yo no sé si como le doy lo estoy atrasando o adelantando”, indica.

Graciela Contreras, directora de la escuela, también está preocupada. “Tenemos ocho chicos integrados. No tienen maestra integradora y tienen derecho a aprender como cualquier otro chico. El Estado tiene que ser el garante de la educación”, subraya. La mamá de Carlitos recorrió los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación buscando ayuda. Asegura que le dijeron que todavía no están disponibles las maestras porque no se llegó a un acuerdo salarial.

“Es una obligación del Gobierno. No le están dando una limosna, es un derecho que él tiene. Si no le doy educación, no le doy posibilidad de sobrevida para cuando yo no esté”, remarca. En uno de sus recorridos, una funcionaria informó a Silvia que las integradoras no comienzan en marzo. “¡Pero si las clases empezaron en febrero!”, dice Silvia.

“Esto no es un quiosco que abren cuando quieren”, se queja.

7,1% de la población

En Argentina, 2.176.123 personas tienen alguna discapacidad.Uno de cada cinco hogares del país alberga– al menos– a una persona con discapacidad.