Una tardía apelación al FMI
Para recuperar la confianza de la sociedad y de los inversores, el Gobierno debe hacer una sincera autocrítica de sus anteriores discursos y bosquejar un plan creíble de ejecución para la producción local. Georgieva, titular del FMI: “No venimos a Argentina con la idea de pedir más ajuste del gasto"
El Gobierno convocó al Fondo Monetario Internacional (FMI) para negociar un acuerdo que dé previsibilidad a la marcha de la economía y tranquilice los mercados financieros.
La delegación del organismo se reunirá en el país con representantes oficiales y contactará a representantes sindicales y empresariales y a economistas. La llamada al FMI es una iniciativa del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien negoció con éxito una deuda pública con acreedores privados por unos 67 mil millones de dólares.
Guzmán sostiene que un acuerdo con el FMI se convertirá en una señal de tranquilidad para los operadores financieros y para los ahorristas, quienes, no obstante, mantienen su desconfianza hacia el peso y las medidas oficiales, con el retiro de unos 1.400 millones de dólares de las arcas del Banco Central
Ese drenaje se verifica desde el 15 de septiembre último, cuando se anunció un supercepo, que no logró contener la salida de los depósitos en moneda extranjera de los bancos ni la apuesta de los pequeños ahorristas a comprar al menos 200 dólares mensuales. El anuncio del titular del Banco Central, Martín Pesce, no fue acompañado de otras medidas monetarias que supongan un recorte en el gasto público.
El ente monetario no puede quedarse sin reservas líquidas, necesarias para abonar las importaciones imprescindibles para la actividad productiva y el pago de servicios mínimos para la Argentina.
Por razones estatutarias, el FMI no puede efectuar una quita ni reprogramar los plazos de vencimientos de la deuda contraída, salvo que el Gobierno acepte repactar las condiciones que firmó la administración de Mauricio Macri o bien acceder a un acuerdo de facilidades extendidas.
En cualquiera de los dos casos, el prestador de última instancia, que en definitiva es el rol del Fondo Monetario, exigirá garantías de que la Argentina generará los suficientes recursos para atender la reprogramación de tales obligaciones.
La discusión girará en torno de cómo se puede reducir el gasto público o generar los ingresos suficientes para esos compromisos. La cuestión impositiva y la reforma previsional, junto con menores cargas para la producción, serán esenciales para obtener la señal que el Gobierno espera del Fondo. Para ello, deberá replantear las consignas que enarboló en las marchas multitudinarias que realizó contra el organismo durante la gestión de Macri.
La más numerosa –la del 9 de julio de 2018– llevó como consigna “la patria no se rinde”, convocatoria que tuvo en primera fila a Máximo Kirchner, a Axel Kicillof, a Felipe Solá, a Daniel Arroyo y a Agustín Rossi, entre otras figuras que ocupan hoy cargos en el Gobierno nacional y en el de la provincia de Buenos Aires.
Las urgencias han puesto contra las cuerdas los eslóganes y las apelaciones populistas, que no se condicen con las necesidades del país. Para recuperar la confianza de la sociedad y de los inversores, el Gobierno debe hacer una sincera autocrítica de sus anteriores discursos y bosquejar un plan creíble de ejecución para la producción local.
