Una reacción a tiempo

La vinculación del presidente Mauricio Macri con empresas offshore radicadas en paraísos fiscales causó un impacto político y social impensado, al tiempo que puso en aprietos la transparencia de la administración nacional que él lidera y que dentro de dos días cumplirá apenas cuatro meses en el poder. Un vendaval de magnitud que, además, se acrecienta en la medida en que trascienden nuevos datos de los llamados Panamá Papers. Una vez que se divulgaron esos documentos elaborados por un consorcio internacional de periodistas de investigación, el Presidente y sus colaboradores tomaron distancia del escándalo; pero algunos argumentos fueron débiles, como los que formaron parte del comunicado que se redactó a las apuradas la misma noche del pasado domingo.Pero el caso tuvo un giro impactante ayer y las acusaciones y las réplicas pasaron a un segundo plano: Macri figura ahora en condición de imputado por la Justicia. Por cierto, una acusación con inquietantes implicancias institucionales. En efecto, el fiscal federal porteño Federico Delgado le dio curso a la denuncia penal contra Macri que había elevado el diputado nacional kirchnerista por Neuquén, Darío Norman Martínez.El fiscal se hizo eco de la investigación periodística internacional y señaló que sirvió "para poner al descubierto las múltiples caras de la fase financiera de la relación social capitalista; en particular, el uso instrumental de figuras societarias para eludir impuestos o para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas".Puntualizó que habrá que determinar, como primer paso, si el Presidente de la Nación "omitió maliciosamente completar su declaración jurada", en relación con las empresas en cuestión.Ayer por la tarde, Macri salió al cruce de las acusaciones y, tal como había declarado el lunes en el programa televisivo Voz y Voto , insistió en que no tiene "nada que ocultar". Pero en su alocución, desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, fue un paso más allá y anunció que hoy se presentará ante la Justicia civil para pedir una declaración de certeza para que un magistrado verifique sus dichos.Sin dudas, es fundamental que la máxima autoridad política del país se avenga a brindar las explicaciones de manera documentada y pública sobre su presunta participación en paraísos fiscales, siempre sospechados de mover activos de dudosa procedencia. Los argentinos intentan dejar atrás un sistema de poder basado en una corrupción asfixiante y en una trama de encubrimientos y de protección de la que no fueron ajenos funcionarios judiciales. Por eso, es una señal positiva que Macri haya decidido dar cuenta de sus actos ante la Justicia y ante los ciudadanos, en vez de conformarse con ceñir ese gesto de sinceridad a sus ocasionales socios políticos, como lo hizo con la diputada nacional Elisa Carrió.