Una puja estéril
Es vergonzoso y roza lo inmoral que la Nación y la Provincia no se pongan de acuerdo en la coordinación de las tareas de ayuda a los damnificados por el temporal en la provincia de Córdoba.
Los gobiernos de la Provincia de Córdoba y de la Nación parecen empecinados en extender las viejas disputas políticas que los separan desde hace años. No se advierte un cambio de conducta aun frente a la necesidad de coordinar acciones tendientes a auxiliar a los miles de ciudadanos que quedaron a la intemperie por los efectos devastadores del temporal que se abatió sobre parajes y ciudades de las Sierras Chicas.Un temporal que –deben de haber tomado nota los contendientes– dejó un saldo de ocho muertos, más de 1.600 viviendas con destrozos de diversa magnitud y cuantiosos daños en rutas, caminos, puentes y vados. Una destrucción que llevará mucho tiempo recuperar.Nación y Provincia habían acordado una reunión –de por sí tardía– para el pasado viernes; es decir, cinco días después de la tragedia. El encuentro finalmente se canceló y las soluciones quedaron divididas, como un reflejo fiel de las disputas políticas y de gestión, potenciadas en un año de elecciones y candidaturas.El jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, le puso el moño a la trifulca en medio del desastre cuando, desde su atril en la Casa Rosada, salió a decir que no era útil una reunión "para la foto". El gobernador De la Sota reclamó, por su lado, un fondo de aportes compartidos que, sin embargo, parece improbable.La Provincia y los municipios afectados por el temporal continúan con su plan de asistencia social en el marco de lo planificado en el comité de crisis. El Estado nacional, según Capitanich, no discrimina a Córdoba y los damnificados reciben el mismo trato que se da a todas las jurisdicciones en emergencia sacudidas por estos fenómenos.La postal no es nueva en la pelea Nación-Provincia: cruces verbales destemplados, reuniones que no se concretan, teléfonos apagados y cruces de responsabilidades por lo que se debe hacer y se dilata. Y otra vez, en el medio, la comunidad afligida.Es de baja calidad institucional colocar en un terreno de pujas de comité el destino incierto de miles de ciudadanos estragados por el temporal de días atrás. ¿Se puede consentir que ningún funcionario de primera línea del Gobierno nacional haya viajado a Córdoba para evaluar los daños en el escenario mismo de la tragedia y ponerse a disposición de los damnificados?La presidenta Cristina Fernández podría haber bajado a Córdoba en un gesto indispensable de solidaridad con los familiares de los muertos y los despojados por la tempestad, como lo hizo cuando la ciudad salteña de Tartagal fue presa de un alud de lodo.Las peleas políticas son más reprobables en estados de crisis humanitarias que ameritan acciones inmediatas. Es hora de armonizar posiciones, como reclama la comunidad consternada.

