Una obra social castigada

El saqueo de la cosa pública ha sido incesante en países como la Argentina, signados por una endeble institucionalidad, al punto de naturalizar la idea de que la política es un medio para el rápido enriquecimiento. Pero aun en el reino de la excepción, cuando el latrocinio se concreta a costa de los más débiles, logra superar los límites del cinismo.Para el caso, lo denunciado en los últimos días por el titular del Pami, Carlos Ragazzoni, amenaza con superar todo lo hasta ahora conocido en materia de corrupción.Y no se trata de que escaseen antecedentes –que los hubo y escandalosos, como durante la gestión de Víctor Alderete–, pero si se concretan en el transcurso de una gestión de gobierno que declama representar a los más humildes, luce doblemente descarado.Las 16 mil sillas de ruedas que se amontonan en un galpón, presas del abandono y el óxido, no son un dato menor. Ya no es una burocracia que llega tarde y mal, sino una ingeniería perversa que lleva a adquirir lo que no se necesita, a precios que ruborizarían a un usurero, al solo efecto de obtener jugosos retornos.No se trata de una foto única, sino de una película entera, en la que se suceden gastos por 500 millones, honorarios por 25 millones para clínicas fantasmas, prótesis facturadas como suntuarios, prestaciones inexistentes liquidadas sin orden ni concierto, todo a los efectos de depredar los fondos de un organismo por donde circula mucho dinero.El Pami siempre ha sido un botín suculento en el listado de las cajas negras de la política y un espacio para que medren la multitud de becarios del poder de turno y hasta una agencia de empleos en la que abrevan los clientes de punteros supuestamente opositores. Pero la última década fue un claro ejemplo de superación. Todo ello, realizado en las narices de millones de ancianos que cobran mínimas jubilaciones tercermundistas. Quizá sea esa una de las lecciones magistrales de los populismos: la capacidad de esculcar a los pobres mientras se dice que se enfrenta a los poderosos.Vulnerar a los débiles es una práctica repugnante que la sociedad argentina debe empeñarse en reprobar y la Justicia, en castigar.Ordenar a la obra social más grande del país es ahora un imperativo. Claro que una injusticia no puede remediarse con otra y ese reordenamiento no debería ser un ajuste más: restarles medicamentos a nuestros ancianos alegando su inutilidad, mantener gruesas deudas con los prestadores o desfinanciar a las farmacias no parecen ser la mejor alternativa.Casi ni vale la pena apuntar que nuestros jubilados ya padecieron lo suyo y que hay que dejarlos al margen de la factura que entre todos estamos pagando.