Una ganancia que no es tal

La suba generalizada de precios en los bienes y servicios por un tiempo prolongado genera enormes distorsiones a la hora de calcular las bases imponibles de distintos impuestos. Esto sucede particularmente con los que están relacionados con los ingresos, tanto de individuos como de empresas, y con los que están vinculados con el valor de los bienes, como son los casos de los impuestos sobre los inmuebles y bienes personales.Si bien en los últimos años se han producido correcciones con los mínimos no imponibles de los gravámenes mencionados, estas no acompañaron la inflación verdadera, por lo que se produjo un aumento de la presión tributaria real sobre millones de contribuyentes.El Estado nacional ha sido el principal beneficiario de esta distorsión tributaria, que implica pagar más por aumentos nominales de los ingresos o actualizaciones en los valores de los bienes por efecto de la inflación.En suma, se trató de una descapitalización tanto de personas físicas como jurídicas, ante un Estado que aparece como insaciable en su voracidad fiscal. Todo esto sin el correspondiente correlato en la prestación de servicios, pues la calidad de la educación, seguridad e infraestructura pública se deterioró en los últimos años.El Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, incluidos en la cuarta categoría del tributo, se ha convertido en una mochila tributaria cada vez más difícil de sobrellevar en un contexto inflacionario. Las consultoras privadas detectaron un aumento en los precios de casi el 40 por ciento en los últimos 12 meses.La enorme distorsión tributaria no sólo se relaciona con la falta de actualización del mínimo no imponible y de las deducciones permitidas, sino también con la aplicación de la actual escala de alícuotas. Esta resulta confiscatoria, pues el solo acto de pasar de un nivel de tributación a otro implica enormes quitas sobre el salario del trabajador. La escala permanece inalterable desde el año 2000.Un reciente informe del Instituto de Análisis de la Realidad Fiscal (Iaraf) advierte que, de no aplicarse las correcciones necesarias antes del pago del medio aguinaldo, el tributo podría implicar que el Estado se quede con entre el 14 y el 69 por ciento de lo que se va a percibir.Otro tanto sucede con las empresas, al resistirse las autoridades fiscales a permitir el ajuste por inflación en los balances.Todos los habitantes y personas jurídicas radicadas en la Argentina están obligados al pago de impuestos para sostener al Estado, que es el ordenador común de la vida en la sociedad. Pero esto debe realizarse en el marco de criterios de racionalidad y justicia, para evitar que esas contribuciones se conviertan en verdaderas exacciones al patrimonio de personas y sociedades.