Una costosa gobernabilidad

El presidente Mauricio Macri y sus aliados políticos carecen de mayoría en las cámaras del Congreso Nacional. Para aprobar iniciativas clave –acuerdo con los acreedores externos y reparación histórica a los jubilados, entre otras–, debieron acudir a alianzas circunstanciales con legisladores de otras agrupaciones partidarias. Esos respaldos provinieron de distintos sectores del peronismo, hoy dividido. Sin un liderazgo único, diputados y senadores justicialistas que apoyaron los proyectos oficiales reclamaron, a cambio, compensaciones económicas para sus provincias.Con el objetivo de reafirmar esta alianza, el Gobierno nacional decidió reintegrarles a las provincias el 15 por ciento de la coparticipación bruta que se detraía para sostener a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).Esta cesión de recursos de las provincias regía desde 1996 para sostener al sistema estatal de jubilaciones y pensiones, al tiempo que se creaba un sistema privado de ahorro para la edad de retiro del trabajador activo. La eliminación de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones en 2008 tornó aquel aporte en un despojo de los fondos que pertenecían a los 24 distritos, como lo entendió la Corte Suprema de Justicia en un fallo que, a fines de 2015, benefició a Córdoba, Santa Fe y San Luis.La Nación firmó ahora un nuevo pacto fiscal con las provincias para reintegrarles en forma escalonada el aporte del 15 por ciento. Para el corriente año, supone la cesión de unos 37 mil millones de pesos de la recaudación nacional de impuestos.Para moderar la protesta sindical, Macri decidió distribuir los 27 mil millones de pesos retenidos en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), creado para sostener las prestaciones más caras del sistema sanitario. Los gremios recibirán en forma directa 2.700 millones de pesos para las obras sociales, en tanto ocho mil millones se destinarán para financiar la cobertura universal de salud (CUS), que atendería a unos 15 millones de argentinos sin cobertura médica. También habrá otra partida millonaria –4.500 millones de pesos– para auxiliar a las emergencias y prestaciones más caras de las obras sociales.El Presidente pretende moderar los reclamos que crecieron en las últimas semanas por la fuerte inflación, el aumento de la desocupación y, por ende, la extensión de la pobreza. No obstante, sin un crecimiento genuino de la economía, la necesidad de contar con esos millonarios recursos obligará al Estado a reducir el nivel del gasto público, lo que hoy aparece como inviable.Los millonarios compromisos asumidos por el Gobierno podrían traer cierta calma social para los próximos meses, pero una situación delicada –en cuanto a la salud de las cuentas públicas– para el mediano plazo.