Una autocrítica necesaria

Los hechos de corrupción cometidos principalmente durante los 12 años de gestión del kirchnerismo no dejan de sorprender. Todos los días surgen datos que revelan enormes negociados, los cuales se financiaron a través de sobreprecios en la obra pública o en las licitaciones que efectuó el Estado.

Esos costos extraordinarios se pagaron a través de los fondos que aportaron todos los ciudadanos, ya sea vía impuestos u otras contribuciones.

La corrupción es un grave dilema moral que afronta la Argentina. Ello no implica justificarla. El hecho de que las principales autoridades del período 2011-15 –esto es la presidenta, el vicepresidente, tres jefes de Gabinete, los ministros de Planificación Federal y de Economía, dos secretarios de Estado, el presidente del Banco Central, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la conducción de Fabricaciones Militares, entre otros– hayan sido imputadas o procesadas revela que no se trata de un acto ocasional o sólo de “un par de corruptos”, como intentó justificar el titular del bloque de diputados kirchneristas, Héctor Recalde.

Los exfuncionarios deberán responder ante la Justicia por los graves cargos que pesan sobre sus gestiones, sin acudir a la protección de ningún fuero, ya que los ciudadanos esperan que se esclarezcan esas denuncias para recuperar la confianza en sus dirigentes e instituciones.

A la depuración de la dirigencia política, no podrán escapar las entidades que recibieron fondos multimillonarios, como es el caso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ni los empresarios que aceptaron el pago de coimas para la realización de una obra pública o para ganar una licitación.

La responsabilidad de los exfuncionarios no podrá diluirse bajo el pretexto de la incentivación empresarial, pero estos deberán responder por el mal uso de los fondos públicos y, en lo posible, reintegrar el dinero que pertenece a todos los argentinos.

La autocrítica que insinuó el extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Héctor Méndez no puede ni debe quedar en la palabra aislada de un dirigente, quien admitió que no tuvo la valentía de denunciar los hechos que el mundo empresario conocía y toleraba.

Las urgencias no deben colocar en un segundo plano a la recuperación moral, que debe asentarse en una Justicia independiente, en el castigo a los delincuentes y en la recuperación del patrimonio perdido, que contribuyó a una mayor pobreza de la mayoría de los ciudadanos.

Esos pilares fundarán las bases de un crecimiento sustentable de la Argentina, más allá de cualquier indicador de desarrollo socioeconómico. La identificación y el respeto de ciertos valores y la transparencia son datos más sustentables que los vaivenes de los ciclos económicos.