Un salvataje necesario
Para la región, es fundamental rescatar de la crisis a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo que ha trabajado como pocos en pro de la democracia y la justicia.
Los problemas que afronta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podrían ponerla al borde del cierre o, cuanto menos, de la parálisis operativa.
Es posible imaginar que algunos mandatarios de esta parte del mundo, que en los últimos años no disimularon su encono con el organismo, ya estarán festejando a cuenta.
La CIDH no es un organismo más entre los que pululan a la sombra de los burocratizados organismos multilaterales: ha desempeñado, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un rol imprescindible en la defensa de los derechos individuales y colectivos y en el lento progreso de las legislaciones que intentan salvaguardar a las personas de las consecuencias prácticas de todas las formas de autoritarismo.
Sus pronunciamientos e informes singularmente claros y contundentes crearon jurisprudencia y obligaron a los países miembros del organismo a adoptar legislaciones acordes con los principios sostenidos, a la vez que sus condenas a diversas formas de abuso de poder obligaron no pocas veces a más de un gobierno a tascar el freno. Claro que todo ello no le sirvió a este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos para ganar amigos, sino todo lo contrario.
La situación de la CIDH no puede separarse de la gradual pérdida de peso específico de la OEA, un ente que supo de tiempos mejores, pero con una notable decadencia en cuanto a influencia y credibilidad al conjuro de los intereses no siempre legítimos de los países que la integran.
En ese marco, el presupuesto de sólo cinco millones de dólares anuales que se le asigna a la CIDH resulta irrisorio, pues representa apenas el seis por ciento de los recursos totales disponibles y sólo alcanza para abonar los salarios de 31 personas, mientras que los restantes miembros de la plantilla –47 personas– se sostienen con el producto de donaciones.
Según se informó, este estado de cosas impedirá las sesiones previstas para julio y octubre próximos y también las visitas programadas, vitales para el seguimiento de los casos en estudio. A ello se debe agregar la pérdida de valioso personal especializado, cuyos contratos deberían ser renovados en julio, situación que afecta al 40 por ciento de la planta de personal. El cuadro no podría ser más sombrío, tanto como poco alentador el hecho de que los países miembros no parezcan demasiado interesados en el salvataje de la institución.
La CIDH ha sido denostada, a lo largo de la última década, por conspicuos representantes de gobiernos populistas o de dudosa legitimidad, y no pocos de sus fallos fueron atribuidos a conjuras diversas. No son pocos los que en esta atribulada Latinoamérica preferirían un organismo laxo y complaciente, al borde de la inoperancia. Sería triste que lo lograran.
