Un problema endémico

Córdoba necesita con urgencia un plan integral de protección de su patrimonio cultural. El problema es grave y crónico. Abarca a la Capital y a muchas localidades del interior. De modo que el Gobierno provincial debe tomar la iniciativa y convocar a las administraciones locales y a los especialistas para definir los objetivos con los cuales comenzar a trabajar de inmediato. Este diario difundió una investigación que plantea que los murales originales de la capilla del Buen Pastor fueron sustraídos. Parte del tesoro artístico que guardaba la Catedral fue vendida de manera irregular. Un museo arqueológico de La Falda y un histórico castillo de La Cumbre también sufrieron importantes robos.Son algunos ejemplos. Los especialistas en patrimonio cultural aseguran que cerca del 80 por ciento de los museos de la provincia no cuentan con un buen inventario de sus bienes –por lo que ciertas sustracciones pueden pasar inadvertidas– y dos tercios de ellos no tienen un buen sistema de alarma y vigilancia, lo que facilita el trabajo de los ladrones.El problema es endémico; la solución tiene que ser global. De acuerdo con la Constitución Provincial, los sucesivos gobiernos que se desentendieron del tema no hicieron más que violar la norma más esencial de nuestra estructura jurídica. Basta citar el artículo 65: "El Estado provincial es responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, en especial arqueológico, histórico, artístico y paisajístico y de los bienes que lo componen, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad".Por ende, si los museos habilitados como tales en el territorio provincial no poseen un inventario en regla de los bienes que conservan, el Estado provincial es responsable. Lo mismo vale para el caso de una institución como la Iglesia Católica, ya que el artículo es taxativo: no importa la titularidad del bien por custodiar; siempre el Estado es el responsable de su conservación.En las últimas décadas, la sociedad cordobesa ha registrado cierta preocupación por su patrimonio arquitectónico. La desaparición o la intervención de ciertas propiedades suele despertar el interés de algunos sectores. La remodelación del Palacio Ferreyra, tras la expropiación, fue un caso; el deterioro de las capillas de los hospitales San Roque y Español, otro.Pero no ocurre lo mismo con las miles de piezas de valor cultural que están en manos del Estado, de instituciones religiosas o de agentes privados y que, como queda demostrado, pueden desaparecer un día cualquiera sin que nadie se percate de ello.Un Estado que no las protege no sólo viola la legislación local y nacional, sino que además fomenta, de manera implícita, el mercado negro al que se destinan las piezas robadas.