Un nuevo frente

Es verdad que los derechos a la participación de los asalariados en las ganancias y el control obrero de la producción revistan en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. También lo es que la Ley Fundamental define a la República Argentina como un sistema representativo, republicano y federal y que consagra en forma inequívoca el principio de igualdad y equilibrio de los poderes. Es verdad que el artículo 14 bis prácticamente no ha tenido vigencia desde su incorporación en la Ley Fundamental mediante la reforma de 1957, es decir, hace más de medio siglo. Pero también lo es que el sistema federal y la independencia y equilibrio de los poderes datan de 1853, aunque tuvieron esporádica y limitada vigencia desde entonces. Ahora mismo, el federalismo está destruido y el duro hegemonismo del poder político sobre los otros dos poderes apenas si fue atenuado por las elecciones de medio término.Por cierto que no es objetable que el asalariado participe de las ganancias que se generan con su trabajo, una consigna que rige en otros países. El problema es el criterio de oportunidad con que se pretende aplicarlo. En años de gran expansión, como los registrados durante la acelerada valorización de las commodities (materias primas) –casualmente cuando el kirchnerismo ejercía a pleno sus pulsiones hegemónicas–, nadie se preocupó por esa participación.En cambio, con anticipado e ilegal designio proselitista, se lo propone ahora y en una difícil coyuntura de la economía nacional, con dos millones entre desocupados y subocupados y miles de trabajadores informales ("en negro"); con un incontenible crecimiento de la inflación; inversiones en baja y una caída abismal de nuestra capacidad de competencia. Muy distintas eran las situaciones en 1957 y 1994.No sólo no se tienen en cuenta los datos de la realidad, sobre todo los relacionados con la economía en los ámbitos interno y externo, sino que se pretende escamotearla de las verdaderas intenciones de la iniciativa. No es otra cosa que otro frente que abre el Gobierno. Ahora, contra las empresas que operan con 300 o más empleados y que en su casi totalidad están afiliadas a una entidad que en varias ocasiones expresó a las sucesivas administraciones de Néstor y Cristina Kirchner sus inquietudes por el rumbo imprevisible y a veces contradictorio de sus políticas. La mayoría de las opiniones apunta a que antes de garantizar el reparto de las ganancias empresariales, el Gobierno debería atacar con fuerza la ilegalidad en el trabajo, promover inversiones y moderar la carga tributaria, que es récord. Si algo caracteriza a la economía globalizada es su intensa competitividad, y si algo caracteriza a la economía local es su mediocre capacidad de concurrencia, que, por cierto, no mejorará con una iniciativa justa pero de opinable sentido de oportunidad.