Un juicio fundamental

El juicio que arrancó en los Tribunales federales de la ciudad de Córdoba para determinar las presuntas responsabilidades penales por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero marca el epílogo de un caso judicial emblemático. Un caso que, además, tiene fuerte ligazón con uno de los episodios de corrupción más resonantes de la Argentina desde el retorno de la democracia: el contrabando de armas de guerra bajo el amparo del poder político.La recordada tragedia del 3 de noviembre de 1995 –que dejó siete muertos, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales en zonas urbanas cercanas a la planta– destapó los ilícitos que se operaron durante la presidencia de Carlos Menem con el tráfico de armas a Croacia y a Ecuador, por lo cual el hoy senador nacional ya fue condenado por la Justicia. Pese a los casi 19 años transcurridos, es auspicioso que se haya llegado a la instancia del juicio oral y público para determinar la culpabilidad o inocencia de los cuatro militares acusados de estrago doloso agravado por la muerte de personas. Aun así, la parte querellante se lamenta por no haber logrado sentar en el mismo banquillo a Menem y al exjefe del Ejército Martín Balza, ambos beneficiados con un sobreseimiento en esta causa.Sin embargo, ese anhelo de justicia no debe tapar las gruesas deficiencias que jalonaron el paso del expediente por los más variados vericuetos de los Tribunales, incluso con jueces titulares y subrogantes dubitativos y bajo sospecha de ser permeables a las presiones del poder.Cabe apuntar que este es, en realidad, el segundo juicio que se pone en marcha por las explosiones en Río Tercero. A mediados de 2003, el mismo Tribunal Oral Nº 2 (por entonces integrado por José María Pérez Villalobo, Octavio Cortez Olmedo y José Tribuzzio) había dado las primeras puntadas del juicio cuando el fiscal de Cámara solicitó una serie de pericias complementarias que definirían la intencionalidad de la voladura de la industria militar, presuntamente para borrar pruebas del contrabando de armas. Esa hipótesis terminó tumbando el diagnóstico original de la etapa de instrucción y el expediente volvió a foja cero.Las demoras se multiplicaron y ocasionaron perjuicios no sólo a los damnificados por la catástrofe, sino también a los acusados que, hay que admitirlo, llevan más de una década en condición de procesados sin que se dictamine sobre su culpabilidad o inocencia en un juicio justo.Es de esperar que esta vez la Justicia se ponga a la altura de las circunstancias y resuelva una causa compleja que, incluso, fue motivo de mezquinas promesas electorales que jamás se cumplieron. La comunidad de Río Tercero clama para que, de una vez por todas, se haga justicia.