Un Estado presente y cooperativo
La proliferación de escuelas de fútbol tiene un lado positivo y otro negativo: estas prestan un gran servicio de contención social, pero deben ser supervisadas para que no haya abusos.
El domingo pasado, desde nuestro editorial, propiciábamos la constitución de una amplia red social de contención para niños y adolescentes, conformada por el Estado y la sociedad civil y que incluyera, por ejemplo, escuelas deportivas. Ese mismo día, en la sección Primer Plano, dábamos cuenta de las cerca de 300 escuelitas de fútbol que existen en la ciudad de Córdoba. El retrato de una realidad que nos lleva a reflexionar una vez más sobre la importancia de sostener, controlar y asistir estas iniciativas.Las escuelas de deportes seducen a los chicos más que muchas actividades sociales y culturales. Las hay de rugby, hockey, vóley y básquet. Pero es lógico que las de fútbol sean las más numerosas y convocantes.En concreto, sólo en la ciudad de Córdoba funcionarían cerca de 300. Ahora bien, el dato llamativo es que apenas 50 de ellas fueron inspeccionadas por la Dirección de Deportes de la Municipalidad; y de estas, sólo 27 tienen todo en regla y, por lo tanto, fueron autorizadas a funcionar.No estamos en una situación social en la que corresponda ser inflexibles y demandar el inmediato cierre de las escuelitas que no cumplen con la reglamentación vigente, que además no es todo lo específica que se requiere.Pero sí resulta inaudito que el Estado municipal no haya agilizado los controles para contar con un inventario de las necesidades de cada emprendimiento en falta y poder determinar cómo sería posible asistir a estas organizaciones, cuando corresponda, para que en el mediano plazo mejoren sus condiciones de funcionamiento.Muchos niños y jóvenes en situaciones de riesgo o de crisis pueden encontrar en estos espacios la red de contención que necesitan para imprimir un cambio en el curso de sus vidas. Entonces, es vital que sigan abiertas. Pero, exactamente por la misma razón, deben ser supervisadas por la autoridad competente para que los menores no corran ningún tipo de peligro.No son pocas las voces que, por ejemplo, reclaman una acción conjunta de la Municipalidad y la Agencia Córdoba Deportes, que está en la órbita del Gobierno provincial, para unificar criterios y aprovechar mejor los escasos recursos humanos con que se cuenta.Un punto clave de este pedido es que la Agencia, allí donde tiene jurisdicción, demanda una rigurosa revisación médica; como este requisito no está presente en muchas escuelitas privadas, bien podría darse el caso de que un niño que no aprobó el examen médico igualmente termine jugando en otro lado después de pagar la cuota correspondiente.Una cosa es el lucro. Otra, muy distinta, la inclusión y la contención social. El Estado es el encargado de distinguir lo uno de lo otro y de ayudar a quienes procuran el bienestar de los chicos.
