Un Estado cartelizado

A fines de 2015, Argentina tendrá unos tres millones y medio de empleados estatales en los tres niveles de gobierno (municipal, provincial y nacional), según la estimación de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel). El empleo público ha crecido a un ritmo sos­tenido durante las tres presidencias del matri­mo­nio Kirchner. En estos 12 años, se crearon casi 1.250.000 puestos de trabajo en el sector público.Sólo en 2015, Cristina Fernández incorporó a la administración nacional más de 25 mil empleados. La polémica designación en el Banco Nación de Delfina Rossi, hija de su ministro de Defensa, es una de ellas.Los problemas del empleo estatal quedan a la vista cuando se presta atención a las cantidades y a los métodos de selección.Las organizaciones políticas, cuando admi­nistran el Estado –independientemente de sus ideologías particulares–, tienden a comportarse de la misma manera: usan la facultad de nombrar personal para premiar a sus integrantes, tengan o no las competencias requeridas para el cargo.Los cordobeses lo sabemos por experiencia propia, tanto a nivel municipal como provincial. De hecho, si en el estudio de Fiel se discrimina por nivel de gobierno, los empleados nacionales sólo aumentaron en el período estudiado un 47 por ciento, mientras que los municipales crecieron un 39 por ciento y los provinciales, un 64 por ciento. Al arbitrario mecanismo de incorporación, se le debe agregar el problema del volumen constante de nuevos nombramientos. Así, crece de modo exponencial el presupuesto salarial, hasta asfixiar a cualquier gestión.Además, ese aumento del personal no se traduce en una mejor atención de las demandas. Por el contrario, el ciudadano común llega a verse, comparado con el empleado del Estado, como un ciudadano de segunda, ya que no tiene acceso a ninguno de los beneficios laborales que estos poseen, como la estabilidad y los buenos salarios.Si consideramos que Argentina tiene una población económicamente activa de alrededor de 20 millones de personas, los empleados estatales representan casi el 18 por ciento de ellos. Nada hace suponer que esa cifra disminuirá en el futuro inmediato, ya que ninguna fuerza política tiene previsto modificar las reglas de juego.Mientras tanto, numerosos datos económicos demuestran que desde 2008 no se crean nuevos puestos de trabajo en el sector privado, sino que estos han disminuido año tras año.Es imposible creer que una sociedad puede crecer y desarrollarse si el único empleador seguro con que se cuenta es el Estado. Se trata, además, de un Estado cartelizado por organizaciones políticas que se obsesionan en darle trabajo sólo a sus adherentes hasta el último día de su mandato. La sociedad debe demandar un cambio, y pronto.