Un compromiso con la vida

En la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, la organización civil Luchemos por la Vida propuso reducir en 10 kilómetros por hora las velocidades máximas permitidas en calles, avenidas, autopistas y rutas.

El principal fundamento es estadístico: el exceso de velocidad causa alrededor de un 30 por ciento de las muertes que se registran en accidentes viales en todo el país. Como en Argentina fallecieron durante 2016 por accidentes de tránsito unas 7.268 personas, estamos hablando de la posibilidad de salvar unas 2.400 vidas.

Por supuesto, podríamos proyectar el impacto de la medida al estudio de los siniestros viales que iniciamos en 2007. En los primeros cuatro meses de este año, 124 personas murieron en las rutas y calles de la provincia. Más de un muerto por día. De hecho, en los 10 años que llevamos analizados, el promedio cordobés es de un muerto cada 18 horas.

Desde todo punto de vista sería una excelente noticia que las cifras se redujeran en un tercio. Sobre todo porque se lograría marcar un punto de inflexión en la preocupante meseta actual. Según Luchemos por la Vida, hace unos 20 años que no se logra reducir la cantidad de decesos que producen los accidentes viales en nuestro país.

La investigación de este diario, que implica observar cada choque con fallecidos en función de más de 20 variables, lo confirma: hay oscilaciones temporales, pero a lalarga las mermas relativas se compensan con los picos trágicos. Año tras año, la cantidad de muertes se mantiene más o menos constante, aunque en 2016 por primera vez se registraron menos de 400 muertos.

MIRÁ. Monitor vial

Lógicamente, legislar una reducción de la velocidad máxima permitida en cada situación no se traducirá de inmediato en menos accidentes. Pero representaría una señal clara sobre la conducta social que debemos promover.

Los especialistas indican que por cada 15 kilómetros por hora que se acelera por encima de los 80, se duplica el peligro de muerte. Entonces, hay una gran diferencia, en términos de seguridad, entre manejar a 80 o a 120 kilómetros por hora. Si a eso se agrega la característica falta de controles de nuestro país, donde en la práctica se tiende a no sancionar al que viola las normas, se configura el cóctel explosivo que se activa en cada tragedia diaria.

Para desactivarlo, no sólo habrá que reducir la velocidad máxima sino también desplegar un sistema de controles que supervise el estado de los vehículos, la legalidad de las licencias de los conductores, sus capacidades intrínsecas de manejo, su respeto de las normas de tránsito y, en última instancia, la aceptación de las velocidades máximas establecidas. Recién entonces se hará realidad nuestro compromiso con la vida.

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