Sólo acuerdos parciales

La presidenta Cristina Fernández acaba de firmar con su par chino Xi Jinping, en Beijing, varios acuerdos económicos y financieros que se encuadran en el convenio suscrito en junio de 2014 en Buenos Aires. La mandataria argentina proclamó que la relación con el gigante asiático "es una política de Estado". No obstante, el convenio marco aún no fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, por lo que esa relación carece de uno de los pilares institucionales. Se critica, también, la falta de información detallada de la letra chica de los recientes convenios.Además, distintos sectores económicos cuestionaron las facilidades que se otorgan a empresas y ciudadanos chinos para sus futuras actividades en el país, lo que pondría bajo revisión otros acuerdos internacionales que refrendó la Argentina –por caso, el del Mercosur– e incluso violaría leyes recientes –por ejemplo, para la compra de tierras.La verdadera razón de este giro de la Presidenta reside en que la Argentina no tiene tratos económicos ni financieros con Estados Unidos ni la Unión Europea, en especial luego del default de la deuda externa, ante los reclamos de los llamados fondos buitre.Dado la necesidad de dólares para el pago de ciertas obligaciones, como las compras de energía y de insumos industriales, las autoridades nacionales buscaron el auxilio de la República Popular China, lo que podría tener un impacto negativo sobre la producción nacional.Entre otros aspectos, la Unión Industrial Argentina (UIA) objetó las facilidades otorgadas a empresas asiáticas, el ingreso de producción y mano de obra china sin limitaciones de ningún tipo y la posible confrontación con Brasil, pues varios aspectos entrarían en colisión con los acuerdos del Mercosur. La entidad advirtió sobre posibles quiebras, ante la importación de maquinaria a precios subsidiados.En el sector agropecuario, en cambio, ven buenas perspectivas para el envío de manufacturas elaboradas, para lo cual se requerirían obras de infraestructura para aliviar costos en la producción. En caso contrario, señalan, el riesgo es que la Argentina se convierta en una proveedora de materias primas –soja, petróleo, agua– a cambio de abrir sus mercados a bienes industriales.La existencia de posturas tan disímiles exige un debate más amplio, que el Gobierno nacional ha evitado con la premura en firmar los convenios mencionados y su inmediata puesta en práctica. Una política de Estado debe ser acompañada por toda la sociedad, para evitar los vaivenes propios de la Argentina en las últimas décadas.Lo contrario es justificar que estos acuerdos sólo procuran aportar un alivio transitorio a las alicaídas arcas del Banco Central, sin un debate profundo sobre las consecuencias para el desarrollo del país.