Reaseguro para la impunidad
La necesidad del Gobierno nacional de cubrirse la espalda ante la Justicia implica un precio muy alto para la división de poderes y para la transparencia institucional del país.
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia del país en 2003, forzó una renovación parcial de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aquel gesto político significó para muchos un soplo de aire fresco, que venía a oxigenar a un Poder Judicial desprestigiado y con módica reputación, desde la llamada "mayoría automática" que operó en el alto tribunal durante la década menemista. Sin embargo, los vicios se repiten: frente a la inminencia de la retirada, el mismo partido de gobierno que alentó aquella innovación hoy busca cobijarse en un sistema perverso de designaciones en los distintos ámbitos de los tribunales federales del país. La consigna parece precisa: garantizarse impunidad procesal ante la avalancha de causas que se tramitan contra funcionarios de distinto rango y que, incluso, podrían complicar a la propia Presidenta.Una muestra acabada de esta conducta amañada la dieron días atrás los senadores nacionales afines al kirchnerismo, al aprobar a mano alzada la designación de los conjueces que quedan habilitados para subrogar en circunstancias específicas a los miembros de la Corte Suprema.Además del mencionado reaseguro a futuro, queda claro que el Gobierno nacional insiste en influir en la Justicia, esta vez con una estrategia alternativa luego de fracasar el proyecto de reforma judicial que impulsó en 2013.Las fichas puestas en el Senado posibilitaron que el oficialismo aprobara por mayoría simple la lista de 10 conjueces propuestos por el Poder Ejecutivo para desempeñarse en el máximo tribunal del país, cuando la oposición exigía una mayoría calificada de dos tercios de los votos de los legisladores presentes en el recinto.Lo curioso del asunto es que gran parte de los aspirantes venía en un paquete de listas integradas por abogados con antecedentes partidarios afines al poder central, ya no sólo para casos de eventuales reemplazos en la Corte sino también para tribunales federales de todo el país.Pero excede los límites de la prudencia y el decoro que quien avaló la polémica aprobación de la nómina de conjueces haya sido el vicepresidente de la Nación y en tal carácter presidente del Senado, Amado Boudou, quizá el dirigente más desprestigiado y con mayor carga de sospechas de haber perpetrado actos de corrupción.Cuando falta poco más de un año y medio para las elecciones, las señales que recibe la sociedad son desalentadoras. Resulta provocativo que un personaje como Boudou (en su carácter de titular del Senado) convalide la toma de decisiones cruciales como la aprobación de la grilla de conjueces de probada militancia a favor de la Casa Rosada; entre ellos, algunos abogados adscriptos a la agrupación ultrakirchnerista La Cámpora.Un capítulo más en la carrera desenfrenada por lograr la impunidad, a costa de traicionar aquellos principios embanderados en 2003.
